El juez federal de La Plata Luis Federico Arias aseguró que el fallo de la Corte Suprema que anuló el incremento de la tarifa del gas residencial "tiene un alto valor político e institucional", y aseguró que es expansivo a "todos los servicios públicos".
De todas formas, aclaró que no fue "del todo positivo" porque solo alcanzó a los usuarios residenciales, y advirtió que provocará "miles de juicios" de pequeñas y medianas empresas de todo el país.
"El fallo tiene un alto valor político e institucional. La Corte ha hecho consideraciones muy importantes, ha vinculado la cuestión de la participación y el derecho a la información directamente con el principio de democracia", señaló.
En declaraciones a radio Vorterix, Arias, que suspendió en la provincia de Buenos Aires los incrementos en la energía eléctrica, aseguró también que la decisión del máximo tribunal alcanza al resto de los servicio públicos.
"El fallo tiene fuerza expansiva, se van a ir aplicando el criterio y los estándares a todos los servicios públicos. La Corte no dejó nada afuera", resaltó.
El magistrado destacó que incluso la resolución "puso ciertos límites y requisitos que el Gobierno debe cumplir para que las audiencias públicas sea una herramienta de participación efectiva". Arias también habló del concepto de "razonabilidad" en las tarifas que introdujo la Corte en su decisión, dijo que es algo de lo que "muchos jueces" hablaron en distintos fallos, y explicó que tiene que ver "con el derecho a la vivienda, que no solo es tener un techo y cuatro paredes sino poder calefaccionarse cuando hace frío o prender una lamparita".
"Así como la Corte resolvió hace tiempo que más del 33 por ciento de un impuesto es confiscatorio para una actividad, habrá que resolver cuánto de un salario medio de un trabajador se puede afectar con un aumento de tarifas. El Gobierno lo hace desde una perspectiva económica-financiera, y la Corte lo hace desde la perspectiva de los derechos. El Gobierno va a tener que redefinir toda su política tarifaria", añadió.
De todas formas, Arias advirtió que el fallo "no fue del todo positivo" porque solo benefició a los usuarios residenciales, que representan alrededor del 25 por ciento del mercado.
En ese marco, aseguró que "no se va a acabar el litigio" porque "puede generar que existan miles de juicios en todo el país de las pequeñas y medianas empresas".
