El juez Rodolfo Canicoba Corral intimó este viernes 3 de julio a los ex funcionarios Javier Iguacel y Ricardo Stoddart a presentarse en el expediente del caso Autopistas en el plazo de tres días hábiles para poder indagarlos por los presuntos delitos de defraudación al Estado y negociaciones incompatibles. De no cumplir con la orden judicial, advirtió, ordenara la captura del ex director de Vialidad Nacional y el ex gerente de asuntos jurídicos del organismos durante la gestión macrista, explicó a PERFIL una fuente judicial con acceso directo al expediente.
La decisión del magistrado se debe a que los ex funcionarios no presentaron abogados en el expediente para proceder con sus indagatorias, dijo la fuente judicial. Este medio se comunicó con Iguacel y Stoddart pero aún no respondieron a la consulta. Sólo informaron que no habían sido notificados de la última decisión del juez.
Canicoba investiga el rol de al menos cinco ex funcionarios en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario Oeste, acusados de supuestamente haber favorecido a la empresa española Abertis, ex socia de la familia del ex presidente Mauricio Macri. Esta semana, el juzgado también citó a indagatoria (sin fijar aún fechas) al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich; al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías; y al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Incluyó en la lista al ejecutivo Andrés Barberis Martín, máxima autoridad de Abertis durante la renegociación de los contratos investigados. Los cuatro se pusieron a derecho y presentaron a sus defensas. Abertis siempre declinó hacer declaraciones ante las consultas reiteradas.
El caso. En junio de 2018, el gobierno de Cambiemos le reconoció a la empresa española Abertis deudas por un total de US$ 747 millones (US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones a Acceso Norte), de acuerdo con el Ministerio de Transporte. La compañía fue socia de Sideco hasta abril de 2017. Además, se le extendió la explotación de ambos accesos hasta 2030.
Transporte y Vialidad sostienen que con este acuerdo le ahorraron casi US$2.300 millones al Estado al evitar el avance de una demanda internacional de Abertis por el congelamiento de los peajes. Sin embargo, una investigación de PERFIL publicada en 2019 desmintió ese argumento.
Abertis y el Ejecutivo renegociaron los contratos de los accesos de las autopistas norte y oeste en 2018 mientras la compañía demandada al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
El Gobierno renegoció la concesión de las autopistas con Abertis basándose en que si avanzaba su demanda en el Ciadi (iniciada en diciembre de 2015) el Estado debería pagar miles de millones de dólares.
Sin embargo, de acuerdo al análisis de las últimas diez derrotas de la Argentina ante el tribunal internacional del Ciadi, el gobierno de Macri garantizó beneficios a la empresa española Abertis, socia hasta 2017 de la familia del mandatario en Ausol (Autopistas del Sol, acceso norte).
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La investigación de este medio también reveló que distintos organismos del gobierno de Macri coincidieron en que el acuerdo fue “gravoso para el Estado”. Las principales observaciones que no cerraban a los técnicos eran que en el nuevo contrato “prorrogaba las concesiones de los dos accesos por 12 años”; “reducían las inversiones exigidas a la empresa con respecto al contrato original”; “era un contrato nuevo, no una renegociación”, “las tarifas se dolarizaron”.
Dos de los asesores y funcionarios que participaron en la primera etapa del acuerdo con la empresa de autopistas reconocieron que terminaron corriéndose de la negociación para evitarse “problemas legales en el futuro”. Ninguno de los ex funcionarios accedió a que se lo identificara en el artículo.
Los técnicos consultados agregaron que durante 2017 y 2018 había “apuro” oficial por concretar la firma de los contratos con Abertis; y que se utilizó una demanda internacional ante el Ciadi como “elemento de presión”.
