Tras los allanamientos en las sedes e instalaciones de Camioneros, el clan Moyano aseguró que las causas en las que se los investiga por irregularidades en el manejo del Club Atlético Independiente son una “persecución política” del Gobierno en respuesta a las medidas de fuerza que organizaron contra la gestión del presidente Mauricio Macri. El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, negó esa afirmación y aseguró que las medidas se solicitaron meses atrás.
“Es una demostración más de la incapacidad del Gobierno que lo único que hace es escuchar al FMI”, lanzó Hugo Moyano. Su hijo Pablo, redobló la apuesta: "Esto es peor que los milicos. No les tenemos miedo a Bullrich y a Macri (...) Esto es un atropello. Vamos a responder con una medida".
“El allanamiento a Camioneros se solicitó en octubre. La sucesión de paros que se vienen dando en el país, la cercanía de las elecciones y otros eventos políticos hacen que nuestros hechos judiciales, que son independientes y autónomos siempre, se produzcan justo ahora”, indicó Conte Gran en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red.
Qué encontró Gendarmería en el allanamiento a Camioneros
El procurador general bonaerense precisó que la demora se produjo por el propio proceso de la Justicia: "El allanamiento había sido denegado por el juez Luis Carzoglio en la conferencia de prensa que fue pública; en ese momento los fiscales habían solicitado la detención de dos personas y una serie de allanamientos que fueron denegados".
"Hubo distintas circunstancias que hicieron que los jueces no resolvieran o se abocaran a este expediente. Una magistrada cuando se suspende al anterior titular toma el juzgado y dijo que había mucho descontrol, luego hubo licencias y pasaron varios, hasta que asumió esta jueza", agregó el funcionario judicial.
Con respecto a los resultados obtenidos en la serie de allanamientos, Conte Gran indicó: "Según la información que me transmiten los fiscales, ellos han quedado muy satisfechos con la medida, no sólo por la información que han podido recabar, sino también por la constatación de ciertos aspectos de los edificios que coinciden estrictamente con las declaraciones testimoniales sobre episodios vinculados a la supuesta asociación ilícita que se viene investigando".
"El allanamiento a Camioneros se solicitó en octubre", afirmó Conte Grand
En la misma línea, el fiscal Sebastián Scalera confirmó sus dichos en declaraciones al programa El Exprimidor que se emite por FM Latina: “Los resultados han sido fructíferos. Como primera conclusión entendemos que ha sido positivo, ya que se pudo constatar a través el trabajo realizado por arquitectura, fotografía y video de Gendarmería nacional que en estas instalaciones, oficinas y lugares estuvieron Pablo ‘Bebote’ Álvarez y Daniel Lagarone - quienes declararon y colaboraron con la investigación”. “Este es un elemento más que de alguna manera da verosimilitud a dichos de los imputados”, puntualizó.
"Tenemos elementos para creer que los dichos de (Bebote) Álvarez son verídicos", insistió el funcionario judicial, que a lo largo de la investigación solicitó en varias ocasiones la detención del sindicalista Pablo Moyano.
"No me tiembla el pulso a la hora de investigar a los Moyano”, dijo Scalera
"En las reuniones se habrían pactado concesiones que Pablo Moyano le habría dado a la barra brava", detalló el fiscal. "Está acreditada la existencia de un sistema para llevar a cabo maniobras fraudulentas que datan desde antes de la renuncia del ex presidente Cantero", sostuvo.
En cuanto al avance del expediente, Scalera explicó: "Desde hace un año se están realizando pericias sobre los materiales informáticos hallados. Ya declararon más de 150 personas: en su mayoría, dan cuenta de haber recibido una cuota social que finalizó poco tiempo antes de que Bebote Alvarez fuera detenido en 2017".
B.D.N./FeL
