Jury a Tiscornia: el kirchnerismo pidió su destitución

La acusación del juicio político al suspendido juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia reclamó hoy su destitución, en un duro alegato final basado en la supuesta venta de sobreseimientos en su juzgado y en mal desempeño del cargo. El veredicto se conocerá el próximo 19 de diciembre a las 12, cuando se definirá si el cuestionado juez es destituido o confirmado en su cargo.

"Los argentinos nos merecemos algo mejor", sostuvo la consejera de la Magistratura a cargo de la acusación, la diputada oficialista Diana Conti, en una extensa exposición en la que auguró que Tiscornia "va a terminar preso, pero hay que esperar un poquito".

A su turno, el defensor oficial del juez, Santiago Bardi, pidió al jurado de enjuiciamiento que rechace "el pedido de remoción" porque Tiscornia "debe permanecer en funciones en base a que no ha habido ninguna mala actuación en su desempeño como magistrado". La jornada concluyó con el alegato del propio Tiscornia, quien en un monólogo que se extendió casi dos horas sostuvo que es víctima de una "falsa denuncia de cohecho" y rechazó una vez más los cargos en su contra.

Tiscornia fue acusado por distintos hechos y, según Conti, "el más grave" fue el supuesto pedido de 4.000.000 de dólares a una empresa de juegos de azar a cambio de favorecer a sus directivos en un causa penal. Según los consejeros Conti y Santiago Montaña, el pedido de "coima" se concretó a través de Agustín Tiscornia, padre del magistrado. "El juez tenía el expediente para resolver en cuanto le dijeran 'pagaron'", expresó la diputada, mientras Montaña, a su lado, acompañó con gestos esas afirmaciones.

"En el juzgado de Tiscornia parece que había sobreseimientos pagados", dijo Conti, al comparar la situación de la empresa CODERE -a cuyos directivos se habría solicitado la suma millonaria- con otra "con los mismos hechos y pruebas", cuyas autoridades fueron beneficiadas con un archivo de la denuncia. Conti recordó que en marzo de 2006 uno de los principales directivos de CODERE, el español Miguel Cabeza de Vaca, llegó hasta el domicilio del padre del magistrado, donde se concretó el pedido de dinero. Antes habían actuado como "intermediarios" Jazmín Aidar y Jorge Bark, quienes insinuaron a las autoridades locales de CODERE la posibilidad de mejorar la situación de la empresa a cambio de dinero.

En 2005 Tiscornia había confiscado máquinas de la firma y se opuso a su traslado a la Costa bonaerense, donde iban a ser explotadas con fines de lucro. "El monarca soberano siguió ejerciendo su poder coercitivo", expresó Conti y remarcó: "ésta es la punta del iceberg. Vayamos a saber que es lo quedó tapado".

La diputada agregó que el suspendido magistrado "denunciaba a los camaristas que trataban de hacer de él un buen juez" y señaló que Tiscornia "no tuvo la dignidad de dedicarse a otra cosa". Otro de los cargos contra el magistrado es, de acuerdo a la acusación, haber copiado en sus sentencias párrafos y hasta escritos completos de los abogados defensores.

A su turno, la defensa oficial del juez desmintió todos los cargos y puntualizó que en el caso de Codere, para asegurar el sobreseimiento Tiscornia "tendría que haber actuado en connivencia con el fiscal (Miguel) Schamun, quien tenía delegada la instrucción y aún sigue con la causa".

"Tiscornia no podía tomar ninguna medida" que no fuera requerida por el fiscal, agregó el defensor Bardi. Para la defensa el supuesto pedido de soborno se trató de una "venta de humo" de Jorge Bark, el hombre que se presentó como intermediario a Codere y quien llevó al directivo español a la casa del padre del juez. En esa cita, grabada con cámara oculta, "no hay ninguna frase de pedido de cuatro milloes de dólares", acotó el abogado al sostener que se trató de un "cargo construido de modo desprolijo".

Para la defensa, el objeto de esa denuncia "fue apartar al juez" del trámite de la causa que involucra a los directivos de Codere. "Debe rechazarse el pedido de remoción y debe permanecer en funciones", remarcó el defensor y destacó que el juez "se ha metido con gente poderosa como el ministro de Economía Cavallo, a quien Tiscornia no tenía temor, es un hombre de carácter firme, algo que no lo inhabilita para ser juez".

Tiscornia, por su parte, insistió en que el interés del gobierno en apartarlo de su cargo se debe a que estaba a punto de imputar a la ministra de Defensa Nilda Garré en una causa por subfacturación en una venta hecha por Fabricaciones Militares a una empresa de los Estados Unidos. "La empresa estadounidense había pagado 90 mil dólares por una compra que aquí se había facturado en 30 mil, cuando investigo esa cuestión, que tenía gravedad institucional y apuntaba a la ministra Garré, el gobierno decide apuntarme y mandarme a juicio político, apoyándose en una falsa denuncia de cohecho, esa es la verdad", dijo Tiscornia a los periodistas cuando abandonaba Tribunales.