El candado legal que limitaba la venta de campos, estancias y tierras a capitales extranjeros sigue roto. En un revés de primera instancia para la cúpula del bloque Encuentro Federal, la Justicia rechazó una medida interina que intentaba poner en pausa el artículo 154 del mega DNU libertario, el cual derogó la Ley de Tierras Rurales. La decisión judicial deja la puerta abierta para que, mientras se resuelven los tiempos procesales de fondo, inversores internacionales puedan comprar territorio argentino sin ningún tipo de tope.
El encargado de bajarle el pulgar a la cautelar de emergencia fue Enrique Alonso Regueira, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1. El magistrado desestimó el pedido firmado por los diputados Miguel Pichetto y Nicolás Massot, y le otorgó al Gobierno un margen de cinco días hábiles para presentar su defensa. Desesperado por los tiempos que manejan los tribunales, Pichetto exigió formalmente que ese plazo de gracia oficial se redujera a solo 48 horas.
El apuro del legislador tiene un motivo claro: el miedo a que se consoliden derechos adquiridos sobre extensiones de tierra o cuerpos de agua permanentes. A través de sus redes sociales, advirtió que mientras la Justicia estira los plazos, las operaciones inmobiliarias pueden concretarse tranquilamente. "Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo preventivo es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación", reconoció el rionegrino, aclarando que incluso prefiere un "no" rápido para poder escalar el reclamo directamente a instancias superiores.
Esta ofensiva judicial de los diputados no salió de la nada, sino que fue una jugada tras un fallo clave de la Corte Suprema de Justicia. Hace poco tiempo, el máximo tribunal tiró por la borda una declaración de inconstitucionalidad contra ese mismo artículo que había logrado el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Los cortesanos consideraron que el reclamo de los veteranos era "ilegítimo" por falta de representación directa, devolviéndole así toda su vigencia a la desregulación de las tierras.
Ante el panorama gris en Comodoro Py, Pichetto y Massot decidieron activar el plan B y trasladar la pelea a su terreno natural: el recinto. Ambos legisladores estamparon sus firmas para convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados el próximo jueves 15 de octubre. El temario es por demás picante, ya que además de meter en la agenda el presupuesto de Discapacidad y el Endeudamiento Familiar, la jugada apunta a debatir el DNU 70/2023 completo.
El fantasma del rechazo legislativo y el poroteo de votos
La pulseada en la Cámara Baja promete ser a todo o nada. Por el momento, la oposición que busca voltear el decreto de Javier Milei corre de atrás porque todavía no le alcanzan los números puros para garantizar el quórum. Sin embargo, la estrategia de desgaste empezó a dar algunos frutos y vienen sumando por goteo la adhesión de varios legisladores que ya fijaron postura en contra de la medida.
El texto fundacional del plan económico libertario, bautizado como Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, ya arrastra una herida de muerte desde el Senado. El pasado 14 de marzo de 2024, la Cámara Alta le dio un duro golpe institucional al rechazarlo con 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones, dejándolo rengo y dependiendo exclusivamente de lo que dictaminen los diputados.
Las reglas del juego son inflexibles (Ley 26.122): si los diputados deciden seguir el mismo camino que los senadores y aprietan el botón rojo del rechazo, todo el sistema jurídico del decreto quedará automáticamente derogado. En cambio, si logran aprobarlo, su vigencia será definitiva. Ahora, la suerte de la desregulación de las tierras rurales quedó atrapada en una carrera contrarreloj entre las demoras de los tribunales y el conteo fino de las bancas.
TC/MSS
