La polémica desatada por la falta de responsabilidad legal que tendrá el Estado y sus funcionarios a partir de la puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial no fue saldada con los cambios introducidos. La definición se pateó para más adelante.
El borrador presentado el miércoles por los legisladores kirchneristas realizó nuevos cambios con los que, según explican, “quedó aclarado de este modo que no son aplicables a la responsabilidad del Estado de modo directo ni subsidiario las disposiciones del Capítulo 1 (Responsabilidad Civil)”.
Y presentaron una cláusula transitoria que especifica que la responsabilidad del Estado y sus funcionarios “por los hechos y omisiones cometidos” deberá ser tratada por una ley especial.
Para los especialistas, el riesgo de estas modificaciones genera que ante determinadas situaciones en las que el Estado es responsable por sus actos o directamente por no haber controlado, las víctimas no podrían accionar civilmente contra ellos. El ejemplo más utilizado es el de una tragedia ferroviaria similar a la de la estación Once.
La solución que presentó el kirchnerismo implicaría, además, que en cada provincia a los funcionarios les podrían caber diferentes responsabilidades.