La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien en las últimas horas presentó su renuncia "con efectos a partir del 31 de diciembre del corriente año" a través de una carta dirigida al presidente, Mauricio Macri, fue duramente cuestionada por su desempeño en el cargo y por su estrecha relación con el kirchnerismo.
Sin embargo, la única causa que más le preocupa a la renunciada procuradora es la compra del edificio central del organismo, ubicado en Perón 667, por más de 40 millones de pesos a la empresa Arfinsa, que pertenece al Grupo Bemberg.
El 31 de agosto pasado, Gils Carbó declaró como imputada por esta causa ante el juez federal Julián Ercolini. Ese día, la funcionaria designada por el kirchnerismo presentó un escrito en el que admitió que hubo un "negocio oculto" en la compra del edificio por parte de su ex subordinado, Guillermo Bellingi, y un hermano (Juan Carlos Thill).
"Las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de Bellingi y Thill", estableció en su texto luego de insistir con que "no cobró ni se benefició" personalmente "por esta operación".
En la operación, Arfinsa habría pagado una comisión de 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que a su vez habría contratado como asesor a Thill, medio hermano del contador Bellingi, subdirector general de la Procuración al momento de la licitación. Bellingi y Thill están imputados en la causa junto a otras ocho personas, y todos ya prestaron declaración indagatoria.
Poco después de dar su declaración, Gils Carbó cambió de abogado. Desistió de la asistencia de Alejandro Rúa, representante legal en algunas causas de la ex presidenta Cristina Kirchner, y contrató a León Arslanian, ex ministro de Justicia en el primer gobierno menemista (1989-1995).
