La CIDH pide domiciliaria para Sala y el Gobierno intenta ganar tiempo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó ayer una medida cautelar a favor de la líder piquetera Milagro Sala y pidió al Estado argentino que las autoridades tomen “medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario” o bien que Sala pueda “enfrentar los procesos en libertad”, con medidas como la pulsera o fiscalización electrónica”. El gobierno argentino deberá responder a la cautelar de la CIDH en un máximo de 15 días, fecha que coincide con la víspera de las PASO.

El primer movimiento del Ejecutivo fue derivar el caso a la Justicia jujeña. Pero según pudo saber PERFIL, en el Gobierno también esperan que la solución del conflicto llegue a través de la Corte Suprema, donde ya se tramitan dos expedientes por el caso de la dirigente, y donde esperarían que prime la decisión de otorgar la detención domiciliaria. Así lo confirmaron fuentes oficiales.
El secretario de derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, resaltó en una entrevista radial que la “la CIDH no habló de cese de la detención sino de analizar alternativas”. “Soy optimista y respetuoso”, agregó sobre el fallo y la reacción de la Justicia jujeña.

En uno de los puntos del dictamen, la Comisión Interamericana recordó que desde octubre de 2016, “el Estado argentino, de conformidad con sus obligaciones internacionales se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata”.
Sala, una de las principales referentes sociales del kirchnerismo, está detenida desde enero de 2016 en el Penal de Alto Comedero, donde fue visitada por el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren. Esa visita, producida en junio pasado, permitió a las autoridades establecer que Sala está en “una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”.

Por su parte, el Ejecutivo hizo saber que comunicará la decisión de la CIDH a “las autoridades judiciales y administrativas de la provincia de Jujuy para su conocimiento e intervención, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales”. Al tiempo que mencionaron su “apoyo y respeto al sistema interamericano de derechos humanos”.

Desde el Comité por la Libertad de Sala destacaron que “a pesar de intentar poner todos los palos en la rueda, formalmente fue el Estado nacional el que dijo haber invitado a la CIDH a Jujuy. De modo que ahora no pueden hacerse los distraídos con esta resolución”. Y agregaron que fue el propio Eguiguren quien a la salida del penal expresó que “la Comisión entiende que sus recomendaciones son para que el Estado las cumpla. Entendemos que los Estados son parte de un sistema internacional y por lo tanto las recomendaciones hay que cumplirlas”.

La CIDH tomó en cuenta una “serie de particularidades que rodean la privación de la libertad de la señora Milagro Sala” e identificó múltiples factores de riesgo que incluyen presuntos “hostigamientos, una amenaza de muerte y agresiones en su contra.