Diputados de la Coalición Cïvica encabezados por Marcela Campagnoli realizaron un pedido de informes y la concurrencia al Congreso del ministro de Economía Martín Guzmán y del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Carlos Cruz, ante la "virtual parálisis" del organismo que se encarga de prevenir y controlar el lavado de dinero y otros delitos económico financieros.
"El organismo tiene la obligación de presentar una rendición anual de su gestión ante el Congreso de la Nación, deber que lamentablemente a la fecha no se ha cumplido respecto del año 2020", indica el documento al que tuvo acceso PERFIL.
En el sitio web de la UIF, en el apartado de informes de gestión, solo está publicado un compendio de cuatro años de trabajo entre enero de 2016 y enero de 2020 que coincide con la administración de Mariano Federici durante el gobierno de Cambiemos.
Carrió denunció al Gobierno por "la destrucción y desmantelamiento" de la UIF
En el texto consideran como "grave" la "politización de la gestión y las desavenencias internas del frente de gobierno que se dejan entrever en las idas y venidas y la falta de nombramiento para ocupar cargos en el organigrama institucional, que podrían ser las causales de la afectación de la capacidad operativa de la Unidad".
En ese contexto, cuestionan "la falta de impulso de las causas de corrupción en trámite en las cuales la UIF tiene el rol de querellante", entre las que menciona la obligación de pronunciarse "sobre la prisión domiciliaria otorgada al exvicepresidente Amado Boudou (condenado en dos instancias por hechos de corrupción), y el desistimiento del planteo de nulidad contra la sentencia que sobreseyó a Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito".
De acuerdo a la lectura que realizan los diputados, allí "se podría haber instado a través de la figura de cosa juzgada írrita" pero no fue llevado a cabo, lo que "revela la magnitud de la inoperancia y vulneración de los principios para los cuales fue creado el organismo".
Pedido de informes
Además de la convocatoria de los funcionarios al Congreso, los diputados enviaron una serie de preguntas para ser contestadas por el organismo vinculados a la performance desde la llegada de la nueva gestión en diciembre de 2019.
"En relación al estudio de autoevaluación en cuanto al nivel de cumplimiento de los estándares de GAFI ¿se realizó el mismo? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Se pudieron detectar áreas de mejora teniendo en miras la evaluación mutua de GAFI? ¿Cuál es el estado de implementación global de los estándares del GAFI sobre activos virtuales?", indica el texto.
Asimismo, consultaron sobre si en 2020 "¿han detectado operaciones sospechosas de lavado de dinero?" y requirieron información sobre la cantidad de "divulgaciones espontáneas recibidas desde otras UIF del mundo durante el año 2020 e indique si se han incrementado o disminuido en relación al año 2019".
En otro orden, plantean conocer ante las "versiones de la existencia de presiones sobre algunos integrantes de la Unidad, en particular respecto de integrantes de la Dirección de Litigios Penales, cuáles fueron los motivos por los cuales luego de finalizado el juicio oral del expediente conocido como “La Ruta del Dinero K”, uno de los abogados de la oficina antilavado renunciara y otro fuera echado y hace unos días fuera desplazado su titular, Claudio Castelli".
Los antecedentes
En agosto de 2020, la líder de la Coalición Cívica realizó una denuncia contra el Gobierno ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por "la destrucción y desmantelamiento" de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego del despido de cerca de 15 empleados del organismo.
"Denuncio junto a toda la Coalición Cívica ARI ante el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) la destrucción y desmantelamiento de la UIF (Unidad de Investigación Financiera) violando además el tratado anticorrupción", sostuvo en Twitter luego de que se conociera la noticia de que el organismo desplazó a 15 a funcionarios que investigaron casos de corrupción.
Según argumentaron en su momento desde la Coalición Cívica, la purga en la UIF tuvo como víctimas a empleados que trabajaron en expedientes por casos de corrupción durante el kirchnerismo.
CP
