En el marco del enfrentamiento protagonizado por el Gobierno y la Justicia, la Corte Suprema invitó hoy al jefe de Gabinete, Sergio Massa, a una reunión para hablar sobre la asignación de personal y partidas presupuestarias para el Poder Judicial. Además, la Corte envió cartas al Ministro de Seguridad, Anibal Fernández y al vicepresidente, Julio Cobos.
Como jefe de Gabinete, Massa es quien tiene las facultades para autorizar partidas presupuestarias para asignarlas a pedidos de gasto de dinero que efectúa la Corte Suprema. En el máximo tribunal informaron que hace 10 días se le formuló un pedido al ex intendente de Tigre para contratar a 900 empleados para distintos tribunales nacionales y federales de todo el país.
La semana pasada, la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay reclamó más presupuesto y personal para la Justicia, luego de que la presidenta Cristina Kirchner afirmara en la inauguración de las sesiones del Congreso que el Gobierno ya había asignado recursos y pidiera que se agilizaran los juicios por delitos de lesa humanidad.
Voceros judiciales sostuvieron que los restantes miembros de la Corte Suprema respaldaron a Argibay durante el encuentro plenario de hoy y compartieron sus reclamos. La invitación a Massa se efectuó luego que funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el propio jefe de Gabinete, y jueces de la Corte Suprema, polemizaran en los últimos días sobre las responsabilidades en el retraso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad y por la inseguridad.
Massa anunció que pedirá el juicio político contra la fiscal María del Carmen Gigante y el juez Rafael Sal Lari, ambos de la provincia de Buenos Aires, por su actuación en causas de inseguridad. Gigante avaló una pericia que no tenía la firma del médico, cuya irregularidad permitió que un tribunal absolviera a un hombre acusado de violación. Voceros de la Corte Suprema dejaron en claro que el tribunal "no tiene facultades para resolver nada que tenga que ver con la inseguridad" y, respecto a las críticas contra Gigante y Sal Lari, indicaron que se trata de funcionarios de otra jurisdicción.
Fuente: DyN