Luego de las escuchas entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, que se filtraron hace pocas semanas, la Corte Suprema de Justicia recibió el informe que había pedido ayer para, como argumentó en el texto de su solicitud, “deslindar cualquier responsabilidad administrativa de los agentes intervinientes".
Ayer, el Máximo Tribunal, que sostuvo que “corresponde se tome intervención teniendo en cuenta los principios de transparencia y confidencialidad, que deben regir en la actuación” del órgano competente, le reclamó a la Oficina de Captación de Comunicaciones (que depende de la Corte), brinde explicaciones por estas filtraciones.
En nueve carillas, Lijo -a cargo de la causa contra Parrilli por presunto encubrimiento del narco Ibar Pérez Corradi en cuyo marco trascendieron las conversaciones con Fernández- hizo una breve reseña de las actuaciones, justificó las intervenciones e insistió en que la defensa del ex funcionario, a cargo de Roberto Boico, tuvo copias de las actuaciones y las grabaciones y "no existe en el expediente ningún planteo de las partes respecto de la validez de las intervenciones telefónicas practicadas".
Lijo remarcó que "se autorizó a personal de la Agencia Federal de Inteligencia -el cual también debe resguardar la confidencialidad regulada por esas leyes- a realizar la escucha directa de los abonados telefónicos de referencia como así también a retirar los discos con el producido de las intervenciones".
Añadió que "la copia del material en cuestión fue realizada en las máquinas de esta dependencia por un Secretario y un Prosecretario de este Tribunal quienes, al momento en que terminaban las copias de cada disco, procedían a la reserva del material en cuestión en la caja fuerte de este Tribunal".
En este informe, los Directores Generales a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, Juan Tomás Rodríguez Ponte y Martín Irurzun, explican el funcionamiento del, como dicen, “único órgano del país autorizado a materializar las captaciones de comunicaciones que fueran requeridas por los magistrados judiciales y los de1 Ministerio Publico Fiscal”.
En 18 páginas, el informe resaltó que "la responsabilidad de la dirección en cuanto al resguardo del material culmina con la entrega de los CDs a la autoridad judicial requirente o a quien esta designare".
"De las constancias obrantes en los registros internos de la Dirección se pudo establecer que la actividad desarrollada por la Subdirección Jurídico Administrativa en el marco de la intervención ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 8, en el marco de la causa 481/16, se ajusta a los procedimientos habituales establecidos en los reglamentos y protocolos de actuación correspondientes", resaltó.
Se afirmó que "el material en cuestión fue entregado a personal que cumplió las tareas propias de escucha directa, autorizado en la nómina enviada por la Agencia Federal de Inteligencia para cumplir ambas labores (acceder a los audios en locutorio y hacerse del material físico de manera periódica)".
Funcionamiento. Según explican en el texto, en la oficina desde donde se arman las escuchas se desarrolló un plan de “confidencialidad para preservar la información a la que se accederá durante el desarrollo de las actividades”. Por eso, y para hacer más transparente su trabajo, explican, se ideó un sistema de estadísticas. “Mensualmente, se reciben un promedio de 2362 oficios de solicitud de intervención de una línea, y el promedio mensual de los procesos de trabajo (es decir, pedidos de intervención, prórrogas, bajas y solicitudes de datos), que realizan desde la Dirección, es de 5770”.
Continuando con la explicación del proceso, “una vez conectada la línea”, detallan, las comunicaciones son derivadas a la central del organismo donde una máquina especial (llamada Storage), envía los archivos de audio a una impresora que los desgraba en CDs. Finalmente, ese material es etiquetado con un código de barras de indentificación para entregarlo a la persona que corresponda (que deberá ser autorizada con nombre, apellido, DNI, credencial de la dependencia a la que pertenece).
Seguridad de la grabación. Según el texto del organismo, hay medidas de seguridad propias del CD que permiten conocer si el contedido fue adulterado a través de un código que altera el CD cuando la información de este es modificada.
