El máximo tribunal desestimó el recurso presentado por el Gobierno nacional por considerar que no existe una sentencia definitiva y mantuvo, por ahora, la medida cautelar que ordena actualizar los salarios docentes y no docentes y recomponer programas destinados a los estudiantes universitarios.
La resolución fue firmada por los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. De esta manera, quedó firme la decisión cautelar dictada en instancias anteriores, mientras continúa la discusión de fondo sobre la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La decisión implica que el Estado nacional deberá seguir cumpliendo con la medida cautelar dictada por la Justicia Federal hasta que exista una sentencia definitiva sobre el planteo de fondo. En esta instancia, la Corte no analizó la constitucionalidad de la ley, sino que concluyó que el recurso extraordinario presentado por el Gobierno no era admisible porque la resolución apelada no constituye una sentencia definitiva.
Tras conocerse la decisión, comenzaron a registrarse reacciones en el sistema universitario. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sostuvo en su cuenta de X que "Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, en referencia al fallo del máximo tribunal. Además agradeció a la "sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos".
En la misma línea, en entrevista con Radio Con Vos, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), expresó su enorme gratitud tras el fallo, sobre todo luego de, en sus palabras, tantos meses de lucha y hostigamiento.
La cautelar había sido impulsada en el marco de una acción iniciada por la Universidad Nacional de La Plata y posteriormente confirmada por la Cámara Federal de esa ciudad. Allí se ordenó al Poder Ejecutivo actualizar las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales y recomponer los salarios del personal docente y no docente, además de sostener distintos programas dirigidos a los estudiantes.
La medida judicial obliga al Estado a actualizar los fondos para el funcionamiento de las universidades, garantizar la recomposición salarial del personal universitario y mantener programas vinculados con becas, asistencia estudiantil y otras políticas previstas en la Ley de Financiamiento Universitario.
Los jueces entendieron que existían elementos suficientes para otorgar la cautelar hasta que se resuelva el expediente principal, con el objetivo de evitar que la demora judicial genere un perjuicio de difícil reparación para el sistema universitario.
Las Universidades Públicas y el Gobierno de Javier Milei llegaron a un acuerdo
El pasado 10 de junio la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes habían llegado a un acuerdo por una recomposición salarial y por fondos de funcionamiento de las instituciones. Así lo anuncio Alejandro Álvarez, subsecretario de políticas universitarias, en su cuenta de X, “Un acuerdo que deja atrás el conflicto”.
Sin embargo, algunos grupos estudiantiles, docentes y agrupaciones opositoras se manifestaron en contra, argumentando que la recomposición no era suficiente respecto de las perdidas salariales arrastradas.
Por qué la Corte rechazó el planteo del Gobierno
El Gobierno había presentado un recurso extraordinario para que la Corte revisara la decisión de la Cámara Federal de La Plata. Sin embargo, el máximo tribunal concluyó que ese recurso no podía prosperar porque la resolución cuestionada no pone fin al proceso judicial ni resuelve definitivamente la controversia.
En consecuencia, la Corte decidió desestimar el planteo sin pronunciarse sobre el fondo del conflicto, que continuará tramitándose en las instancias inferiores hasta llegar a una sentencia definitiva.
La decisión se produce en medio de la disputa entre el Gobierno nacional y el sistema universitario por la actualización del presupuesto destinado a las universidades públicas.
Conflicto universitario: ¿se viene una derrota de Milei?
Rectores, docentes y estudiantes vienen reclamando una recomposición de los recursos para afrontar el incremento de costos de funcionamiento y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En ese contexto, la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario quedó en el centro de la discusión judicial y política.
Con el fallo conocido este miércoles 25, la medida cautelar seguirá vigente y el Estado deberá continuar cumpliendo con las obligaciones impuestas por la Justicia mientras se define, en una resolución de fondo, el alcance de la ley y su aplicación definitiva.
RG/MSS
