Probablemente Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes del Nacional de Buenos Aires, no supiera que cuando estaba tomando el colegio junto al resto de los estudiantes estaba honrando una tradición histórica. El 28 de mayo pasado fue el aniversario 230 de la primera toma estudiantil registrada en el Río de la Plata. El 28 de mayo de 1796 también se tomó el Nacional Buenos Aires y tuvo como protagonista a Juan Gregorio de Las Heras, de 15 años, quien luego pasaría a la historia como jefe del Ejército de los Andes y gobernador de Buenos Aires. En aquel momento, el colegio se llamaba Colegio Real San Carlos y la protesta se realizó contra los castigos físicos de los celadores. De hecho, los conducidos por Las Heras los rodearon y los tomaron de rehenes. La ocupación del edificio, ubicado en el mismo terreno que en la actualidad, duró tres días hasta que las tropas del Virrey rodearon con armas el colegio y los estudiantes terminaron rindiéndose.
Años después, Las Heras y otros de los jóvenes amotinados terminaron siendo figuras clave de la independencia argentina. A diferencia de Francisco Pitrola, tuvieron que enfrentar las bayonetas realistas, pero no las preguntas mordaces de Eduardo Feinmann y Esteban Trebuq. Sin embargo, el nieto del dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola pudo salir bien parado a pesar de la ferocidad argumentativa de los periodistas. Es interesante rescatar que Contrapunto, la agrupación de Pitrola (nieto), autodefinida como independiente y apartidaria, originalmente estuvo en contra de la ocupación del colegio. Esto habla bien del joven dirigente, que a pesar de su posición defendió lo decidido por la mayoría en asamblea como todo un representante. Una lección de democracia.
¿En qué punto está el conflicto?
El Gobierno y los rectores universitarios nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) negocian para resolver el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario, vigente pero incumplida desde octubre de 2025. La ley exige recuperar la pérdida salarial docente desde diciembre de 2023, lo que implica un aumento del 52%. La última oferta oficial es del 24%, lo que las autoridades reconocieron como un avance, pero conlleva una trampa: según la administración libertaria, el CIN debe abandonar la pelea por la ley para obtener el aumento. Es decir, deben dar de baja el reclamo judicial ante la Corte. No hay acuerdo con este planteo, pero desde el CIN le hicieron una contrapropuesta al Gobierno. La idea es firmar un acta de negociación que exprese que tanto el Gobierno como los rectores están llevando a buen puerto la discusión. ¿Cuál es el objetivo? Que el Gobierno pueda mostrarle este acta a la Corte y el máximo tribunal "declare abstracta la cuestión". Según fuentes cercanas a los tres jueces, esta posibilidad no está descartada. "Habría que ver el acta en cuestión", plantean desde Tribunales.
En ese punto, desde las autoridades indican que se está tratando de "afinar el texto" del acuerdo entre los equipos de abogados del CIN y del Gobierno. Cada uno tiene que lograr que la formulación le sirva a sus fines. Los rectores necesitan el acuerdo para mantener en funcionamiento las casas de altos estudios. La oferta del Gobierno, además de la recuperación salarial para los docentes, implica un aumento de la partida para los hospitales universitarios, una actualización de las becas y un incremento de los gastos de funcionamiento.
Ahora bien, sería difícil para la Corte declarar abstracta la cuestión si el conflicto continuara, y quienes tienen esa llave son los gremios, que convocaron a otro paro de 48 horas para el tres y cuatro de junio pasado. La secretaria general de AGD-UBA, Iliana Celotto, planteó que "el CIN se está arrogando el poder de discutir el salario en nombre de los docentes sin que haya una reunión que los incluya".
La declaración de Celotto y su desconfianza hacia las reuniones que mantiene el CIN con el Gobierno evidencian diferencias en la comunidad universitaria respecto del enfoque del conflicto. Es natural que esto sea así: los rectores tienen la presión de mantener las universidades funcionando en un contexto de fuerte ajuste presupuestario, y los gremios, la de defender el salario de los docentes. Hay otros debates que atraviesan a la comunidad universitaria y que en buena medida pueden sellar el destino de un conflicto que ya lleva más de dos años y que hace a la narrativa de ascenso social, clave en la sociedad argentina.
El movimiento estudiantil
Actualmente, el movimiento estudiantil tiene diferentes bloques: el radicalismo y el reformismo —Franja Morada, Nuevo Espacio—; el kirchnerismo y sus aliados, como La Mella, ligada a Juan Grabois; la JUP del PJ no kirchnerista; y la izquierda. En las universidades, quienes sostienen las posiciones de toma son fundamentalmente las agrupaciones de izquierda, en particular el Partido Obrero, mientras quienes plantean que el reclamo debe canalizarse por medidas que no afecten el normal funcionamiento de las facultades son el resto. De ahí vienen iniciativas como el "paro a la japonesa", que tuvo una repercusión interesante: desde la Facultad de Odontología se atendió gratuitamente en Plaza de Mayo a quienes se presentaran con alguna dolencia o problema dental. La medida, impulsada por las autoridades de la UBA ligadas al radicalismo opositor y a los centros de estudiantes de Económicas y Derecho, intentaba ofrecer alternativas a los paros clásicos y a las tomas de la izquierda.
Independientemente de los debates, la realidad es que este Gobierno incumple hace más de 200 días la Ley de Financiamiento Universitario y que el mismo 12 de mayo, cuando se llevó adelante la última marcha universitaria, anunció aún más recortes en materia de educación, pedidos por el FMI. ¿Cómo se enfrenta a un Gobierno así? El debate atraviesa tanto al movimiento estudiantil como a los gremios docentes y los rectores. Por ahora, estos últimos realizaron nuevas presentaciones judiciales para favorecer un desenlace favorable en los tribunales mientras esperan el fallo de la Corte, que como siempre está midiendo las condiciones políticas de su decisión.
Los secundarios a la cabeza
Quienes revolucionaron el conflicto y le dieron nueva fortaleza fueron los estudiantes de los colegios preuniversitarios de la UBA. Las tomas del Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini tuvieron un fuerte impacto mediático y, según Nasser Ordenes, referente de La Justicialista —agrupación opositora a la conducción de Contrapunto de Francisco Pitrola—, también impactaron en la Corte, porque dejan menos margen para que el máximo tribunal dilate su decisión frente a una opinión pública que vuelve a poner los ojos en el conflicto y se pregunta por qué los jueces no actúan.
"Después de la toma, el Gobierno llamó al CIN para tener esa reunión. Quizás los miembros de la Corte les plantearon que si no había acuerdo iban a tener que fallar", interpretó Nasser en diálogo con PERFIL, quien reveló que el 8 o el 11 de junio habrá una nueva movilización con posibilidades de toma.
¿Por qué son los secundarios quienes están motorizando el reclamo en esta etapa del conflicto y no los universitarios? Nasser explicó que cree que hay más cercanía entre las agrupaciones secundarias que entre las de los estudiantes de las diferentes facultades. "En la política universitaria hay más polarización", reflexionó.
Martina Sarubbi, referente de la juventud del Partido Obrero en CABA, explicó que las agrupaciones universitarias de la UBA del partido de izquierda, presentes en las 13 facultades, impulsarán medidas de "visibilización" para mantener el reclamo y apuestan a que los estudiantes universitarios se acompasen a los secundarios para potenciar la protesta.
Esta mayor unidad entre las diferentes expresiones del movimiento estudiantil preuniversitario fue clave a la hora de llegar a los estudiantes no agrupados y volver a poner en pie el reclamo, desgastado por la intransigencia del Gobierno.
Si el máximo tribunal desestima el recurso planteado por el Ejecutivo, el Gobierno deberá transferir 2,5 billones de pesos a las universidades, algo así como el 0,36% del PBI. El Gobierno dice que esto "rompe el equilibrio fiscal", pero teniendo en cuenta el porcentaje real, parece que el problema es otro.
Si la Corte falla a favor de las universidades, los docentes universitarios recibirán un aumento del 55% que compensa lo perdido desde 2023. Es probable que eso represente un impulso para el resto de los gremios y sus bases, ya que el conjunto de los trabajadores perdió capacidad adquisitiva durante el gobierno de Javier Milei. Una derrota del Ejecutivo ante la comunidad universitaria envalentonaría al resto de los trabajadores, incluidos docentes y estatales.
Quizás un acuerdo entre los rectores y el Gobierno sea utilizado por este último para que la Corte postergue la definición. Incluso, si lograra retrasarla hasta el Mundial, que comienza el jueves que viene, resultaría una derrota más fácil de ocultar y menos generalizable.
En 1796, cuando Juan Gregorio de Las Heras y sus compañeros tomaron el Colegio Real San Carlos, el Virrey Pedro de Melo no tenía periodistas que cuestionaran a los estudiantes ni les preguntaran si admiraban a sus abuelos. La prensa simplemente no existía: el primer periódico del Virreinato, el Telégrafo Mercantil, llegaría cinco años más tarde, creado por orden del propio Virrey y con censura previa de sus contenidos. Ante la rebelión, el poder colonial hizo lo único que sabía hacer: mandó al ejército. Los estudiantes se rindieron ante las bayonetas. Hoy, 230 años después, los herederos de Las Heras enfrentan a Feinmann y Trebuq en lugar de soldados. En cierto modo, es un progreso.
mv cp
