El accidente de un avión A4-AR, que impactó contra un hangar el martes pasado y provocó la muerte de un suboficial mecánico, evidenció el estado de las aeronaves que componen la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Hay un dato que suma preocupación: el bajo número de aviones modernos de combate con los que quedará el país tras doce años de gestión kirchnerista.
Cuando el próximo 27 de noviembre, en una ceremonia en Tandil, el país despida a sus aviones Mirage, íconos de la Guerra de las Malvinas que prestaron servicios por 43 años ininterrumpidos, la defensa aérea de los casi 2.780.000 km2 del territorio argentino quedará a cargo de tan sólo siete jets de combate. Con poco más de un cuarto del territorio, Chile tiene en operaciones más de 30 F16 y Brasil, que triplica en superficie a nuestro país, cuenta con más de cien aviones modernos de combate.
PERFIL pudo saber que el gobierno de Cristina Kirchner dejará a la Argentina el 10 de diciembre con siete jets A4-AR Fightinghawk, que fueron adquiridos por el gobierno de Carlos Menem a los Estados Unidos en 1997, como los únicos aviones a propulsión de combate de la Fuerza Aérea.
Se trata de aeronaves de segunda mano repotenciadas por la firma norteamericana Loockeed Martin especialmente para la FAA. La adquisición original era de 36 unidades. Pero el uso, los accidentes y la falta de repuestos han hecho descender ese número.
Una vez que se desactiven los Mirage, en noviembre, la única base aérea que tendrá aviones a propulsión de guerra será Villa Reynolds en San Luis. La VI Brigada Aérea, con base en Tandil, reemplazará los aviones de combate retirados con unidades de entrenamiento Pampa II, como ocurrió con otras estaciones como la de Plumerillo, en Mendoza.
Tras numerosas gestiones y viajes de funcionarios y militares, los esfuerzos para reemplazar los Mirage no han dado frutos. Tampoco el plan anunciado para comprar aviones Gripen GR a Brasil y Suecia, anunciado por el ministro Agustín Rossi el año pasado.
En el primer caso, la falta de presupuesto fue el factor clave. En el segundo, el veto británico a la transferencia de elementos tecnológicos que integran el sistema Gripen