El caso por la muerte del fiscal Alberto Nisman ha puesto el ojo público sobre la Secretaría de Inteligencia (SI). Sin embargo, los escándalos por espionaje no están limitados a dicho organismo. Así lo demuestran cuatro causas en las que se investigan presuntas actividades de inteligencia ilegal. Los casos involucran a Gendarmería Nacional, la Armada, el Ejército y la Policía Federal, y se espera que en los próximos meses haya avances judiciales.
Uno de los más resonantes es el denominado Proyecto X. Para la abogada denunciante, Myriam Bregman, “está comprobado que Gendarmería realizó tareas de inteligencia que luego era blanqueada en causas judiciales contra los trabajadores que protestaban en la Panamericana” en 2009 y 2010, durante el conflicto por la fábrica de Kraft. El juez federal Sebastián Casanello indagó a los gendarmes que realizaban el trabajo de campo, pero dictó la falta de mértito. Sin embargo, en esta misma resolución encargó una serie de medidas que apuntan a la dirección de la fuerza.
La decisión fue contestada y espera la definición de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones. Fuentes judiciales confirmaron a PERFIL que la Cámara ya tiene firmada la resolución en la que va a confirmar el fallo de primera instancia.
Otro caso que surgió en las fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad es el del espía de la Policía Federal Américo Balbuena, infiltrado por más diez años en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh hasta ser descubierto en abril de 2013. El caso se encuentra demorado a la espera de pericias técnicas sobre material incautado a la Policía Federal. Uno de los testimonios más importantes que obran en la causa es el del diputado bonaerense de Nuevo Encuentro Marcelo Saín, quien estimó que la fuerza cuenta con cerca de mil agentes e indicó que realizan tareas “de inteligencia ordenadas exclusivamente por la superioridad policial” y no cumplen funciones de investigación criminal. Saín cree que su función es el “espionaje político”.
El Ejército se encuentra bajo escrutinio desde que asumió su dirección el especialista en inteligencia César Milani, en julio de 2013. A partir de declaraciones públicas realizadas por el senador radical Gerardo Morales, el abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia que motivó el allanamiento en instalaciones del arma en diciembre de 2013, por orden del juez federal Julián Ercolini. No hubo resultados de este procedimiento, que había sido anticipado, pero la causa sigue abierta. Desde el juzgado informaron a Monner Sans que se están “recabando informes de distintos organismos”.
Mucho más avanzado está el proceso contra la Armada, por las “prácticas ilegítimas” realizadas por el Servicio de Inteligencia Naval desde la base Almirante Zar, Trelew, denunciadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en marzo de 2006. Por el caso recibieron penas leves cargos bajos de la fuerza, pero el 18 de febrero comenzará el juicio contra los que dirigían la Armada cuando se realizaban las tareas de seguimiento y recopilación de información ilegal, el ex jefe de la Armada, Jorge Godoy y el subjefe Benito Rótolo, entre otros.
