La Justicia cierra un año con condenas, sobreseimientos y varios escándalos
Los ex presidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri fueron protagonistas excluyentes de una agenda judicial que estuvo muy cargada durante 2022.
Hitos. El juicio por la causa Vialidad cautivó la escena política durante buena parte del año. Los integrantes de la Corte Suprema también generaron expectativa con decisiones en torno al Consejo de la Magistratura y la coparticipación. |
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Sin embargo Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri una vez más fueron los protagonistas de diversas causas judiciales como condenados, acusados, querellantes y sobreseídos que tendrán su continuidad en el 2023.
Juicio por la Obra Pública. El año judicial empezó con la declaración como testigo de Jorge Capitanich en el marco del debate que terminó 10 meses después con la condena de Cristina Fernández a 6 años de prisión por administración fraudulenta, inhabilitación para ejercer cargos públicos y la absolución como jefa de una asociación ilícita.
Si bien el juicio donde también fueron condenados Lázaro Báez, diversos ex funcionarios y absuelto Julio de Vido concluyó el pasado 6 de diciembre; recién después después del 9 de marzo de 2023, momento que está previsto que el tribunal oral número 2 lea los fundamentos, las partes podrán apelar ante la Cámara Federal de Casación. El fiscal de juicio, Diego Luciani, adelantó que se opondrá a la decisión del TOF 2 de excluir la figura de asociación ilícita.
Los Sauces - Hotesur y Memorando con Irán. Precisamente la Cámara de Casación tendrá que definir el próximo año si revierte o no los sobreseimientos de la vicepresidenta en dos expedientes y dispone la realización de los juicios: en uno por maniobras de lavado consignados por Lázaro Báez y Cristobal López a través de inmuebles y hoteles propiedad de Cristina y sus hijos.
En otro por encubrimiento agravado a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman quien argumentó la existencia de un acuerdo entre la Argentina y la República de Irán mediante un documento de entendimiento para que se evitase investigar a varios responsables del país islámico por la voladura de la AMIA.
Atentado y Revolución Federal. Cristina es querellante en ambas causas que se encuentran en etapa de instrucción de distintos jueces. Con Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, y Nicolas Gabriel Carrizo cerca del juicio oral tras confirmarse sus procesamientos por intentar matar a la Vicepresidenta el 1º de septiembre y con la investigación delegada en el fiscal Carlos Rivolo; la Camara Federal porteña encomendó a la magistrada María Eugenia Capuchetti ampliar la indagatoria de Carrizo a raíz de mensajes en su celular que podrían demostrar una mayor implicación en el atentado.
En “Revolución Federal”, el juez Marcelo Martinez de Giorgi procesó por “imponer sus ideas por temor o por la fuerza’’ a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra miembros de la agrupación que encabezó diversas manifestaciones con mensajes y muestras violentas contra actores del oficialismo.
Pese a que todos ellos fueron excarcelados, la querella insistió con sus detenciones que fueron rechazadas por el propio magistrado quien dispuso investigar las redes sociales de Ximena de Tezanos Pinto, vecina de Cristina Fernández de Kirchner, quien se reunió con Sosa y Guerra en su departamento.
Cristina Kirchner condenada por la causa Vialidad.
ARA San Juan. La casación tiene pendiente el análisis del sobreseimiento de Mauricio Macri concedido por la Cámara Federal porteña. La decisión fue apelada por las querellas de los familiares de la tripulación representadas por los abogados Valeria Carreras y Luis Tagliapetra que sostienen que fueron espiados durante el pasado gobierno.
La sala II del máximo tribunal penal del país suspendió la audiencia donde estaba previsto que se escucharan a las partes, fue a raíz de un planteo de recusación interpuesto por las querellas contra Carlos Mahiques, uno de los jueces que participó del viaje a lago escondido presuntamente a la estancia del magnate británico Joe Lewis, cercano a Macri.
“Pepín” Rodríguez Simón. Con dos años como prófugo de la justicia, el destino del llamado “operador judicial del macrismo” está en manos del último eslabón de la justicia uruguaya: la Corte Suprema. El trámite de refugio de Rodríguez Simón en el vecino país se mantiene bajo discreta reserva. Es por ello que se mantiene suspendida la extradición por la orden de captura internacional de la jueza María Romilda Servini de quien “Pepín” desoyó varias citaciones indagatorias en una causa por presuntos aprietes a los empresarios Cristóbal López y Fabian de Souza.
Corte Suprema de la Nación. La máxima instancia judicial del país tiene en sus manos la resolución de dos serias disputas de la política en Argentina. Por un lado debe determinar qué miembros del senado completarán el estamento legislativo en el Consejo de la Magistratura con Luis Juez o Martín Doñate a la cabeza.
Por el otro, el conflicto por los fondos coparticipables entre la Ciudad y la Nación del cual la Corte, días atrás falló a favor de la medida cautelar del gobierno porteño y del que la administración de Alberto Fernández dispuso del pago a través de bonos. Asimismo y sin plazos, también deberá resolver el fondo de la cuestión.
El viaje a Lago Escondido. La justicia de Bariloche tramita una denuncia penal iniciada por el Gobierno nacional contra los jueces y fiscales involucrados en un viaje a una estancia de Joe Lewis. La imputación es por los delitos de cohecho pasivo agravado, tráfico agravado de influencia e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Cabe destacar que sobre la totalidad de los involucrados pesa una solicitud de imputación de la fiscal María Cándida Etchepare.
Rechazo a un pedido de CFK
Agencias
La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández para que se agrave la situación de Gabriel Carrizo –el jefe de “Los copitos”- y se lo considere “coautor” de intento de magnicidio en su contra.
El tribunal también desestimó el pedido para que tanto Carrizo, cuanto los otros dos detenidos por el ataque, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sean considerados integrantes de una “asociación ilícita”.
“Con relación a la pretensión del querellante en cuanto a que se modifique el grado de participación originariamente asignado a Carrizo (…) y que se les endilgue la comisión del delito de asociación ilícita, corresponde señalar que tal cuestión se encuentra dentro de la esfera de análisis y decisión de la señora jueza de grado en el momento oportuno y del Ministerio Público Fiscal a quien le fue delegada la instrucción de la causa”, sostiene el fallo.
De esa manera, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sostuvieron que una eventual decisión de agravar la situación de los detenidos es resorte de la jueza María Eugenia Capuchetti.
