La Justicia de Estados Unidos anuló el fallo contra YPF y la Argentina no deberá pagar US$ 16 mil millones. La Cámara de Apelaciones de Nueva York invalidó la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado resarcimiento multimillonario. Si bien las partes pueden recurrir a la Corte Suprema, la posibilidad de que acepte tratarlo es baja, o al Ciadi. Ahora la magistrada, a quien le volverá el expediente, puede llegar a definir que la causa se siga en Argentina.
El presidente, Javier Milei, postéo en su cuenta de X que Argentina obtuvo un resultado favorable e “impensado” en el juicio internacional por la expropiación de YPF tras la definición en esta instancia de revocar la condena que pesaba sobre el país.
“Ganamos el juicio de YPF”, escribió el mandatario en redes sociales, donde explicó que la decisión judicial implica que el Estado argentino no deberá pagar la indemnización multimillonaria que había sido fijada en instancias previas. Según detalló, el fallo representa “el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia)” y sostuvo que la resolución elimina la obligación de afrontar un pago estimado en torno a los US$ 18.000 millones (que incluye intereses). De acuerdo con el mensaje del Presidente, la resolución de la Cámara implica que la Argentina no deberá pagar “nada” por el litigio vinculado a la forma en que se llevó adelante la reestatización de la petrolera en 2012.
El caso se originó tras la expropiación del 51% de la compañía que estaba en manos de Repsol, en una operación que derivó en demandas de accionistas que reclamaban una compensación por no haberse realizado una oferta pública por el resto de las acciones.
En primera instancia, la Justicia de Estados Unidos había fallado en contra del país, estableciendo una indemnización millonaria. El anuncio de Milei sugiere ahora un cambio total en ese escenario tras la revisión del caso por parte de la Cámara.
En su publicación, Milei calificó el resultado como “histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”. Lo comparó en magnitud con el impacto que hubiera tenido el pago de la indemnización.
Las celebraciones del equipo. El ministro de Economía, Luis Caputo, reposteó la publicación del Presidente y se sumó a las felicitaciones al equipo de la Procuración que logró este fallo considerado “impensado” por el mismo Milei. “Tremenda noticia”, alegó Caputo y recordó que “Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida!!”. Caputo se refirió a que, durante el proceso judicial, hubo intentos de negociar un acuerdo extrajudicial entre Argentina y los demandantes.
En este tipo de litigios internacionales -como el que enfrenta al país con fondos vinculados a la expropiación de YPF- es habitual que las partes busquen cerrar el caso antes de un fallo definitivo, generalmente con un pago menor al monto reclamado.
“Fallo histórico para Argentina e YPF”, tuiteó Horacio Marín, presidente de YPF. “Para el país, porque evita el pago de US$ 16.000 millones en concepto de indemnización. Para YPF, es un capítulo muy importante porque nos permite seguir avanzando con una visión clara: consolidar nuestro plan 4x4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031 y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo”, detalló. “Quiero felicitar especialmente a quienes llevaron adelante esta defensa con solvencia y responsabilidad en un proceso complejo y de alto impacto”, cerró el número uno de la petrolera 51% estatal.
Vale recordar que el caso se tramita en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska. En 2023, la magistrada falló en contra de la Argentina y determinó que el Estado debía pagar una indemnización multimillonaria. El monto fijado ronda los US$ 16.000 millones, lo que convirtió al caso en uno de los litigios más costosos de la historia para el país.
La sentencia había establecido que la responsabilidad es del Estado argentino —no de YPF como empresa operativa—, ya que fue el Gobierno quien tomó la decisión en 2012. La expropiación de la petrolera la realizó la entonces presidenta Cristina Kirchner junto a su ministro de Economía Axel Kicillof a través de una ley sancionada por el Congreso nacional. El fallo de la Cámara definió que el estatuto de una empresa no puede estar por encima de una ley.
