Luego de algunas idas y vueltas, la Justicia le dio un duro revés político a Victoria Villarruel. El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 desestimó la denuncia penal que la vicepresidenta impulsó contra el ministro de Defensa, Luis Petri. La titular del Senado lo había acusado formalmente por calumnias, injurias y atentado contra el orden constitucional, pero los tribunales desecharon el planteo de raíz.
El conflicto estalló el pasado 2 de marzo, cuando Petri lanzó fuertes declaraciones televisivas. El funcionario aseguró que la vicepresidenta pretendía quedarse con la presidencia de la Nación y que, por tal motivo, apostó al fracaso del Gobierno. Además, indicó que abrió las puertas del Senado para que la oposición hiciera de las suyas con el objetivo de quebrar el plan económico oficial.
Indignada por la fuerte embestida pública, Villarruel acudió a la Justicia y argumentó que las expresiones del ministro estuvieron muy lejos de ser un simple análisis político. En su presentación, detalló que se trató de un sinnúmero de mentiras, inventos y agravios que no solo le generaron profundas aflicciones personales, sino que buscaron socavar directamente la institución que preside.
Sin embargo, el fallo judicial desarmó por completo su estrategia. El tribunal concluyó que los hechos señalados no constituyen ningún ilícito y descartó de plano la configuración de delitos de acción pública. En la misma línea, la Justicia dictaminó que los dichos del funcionario nacional "no reúnen los elementos de idoneidad necesarios" para afectar o poner en riesgo el sistema democrático.
El fiscal Ramiro González sepultó la denuncia al subrayar que las manifestaciones de Petri se mantienen estrictamente "dentro del derecho a la opinión y la libre crítica política". La resolución priorizó la libertad de expresión en el debate público y remarcó que avanzar con una causa penal por estos conceptos implicaría un "ejercicio desmedido y desproporcionado" del poder del Estado.
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Un antecedente adverso contra el periodismo
Este freno judicial se suma a otra dura derrota que sufrió Villarruel en los tribunales recientemente. Semanas atrás, la jueza María Servini desestimó una denuncia de características similares que la vicepresidenta presentó contra los conductores Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, a quienes acusó de incitación a la rebelión y coerción ideológica por tildarla de "golpista" en la pantalla del canal A24.
Avalada por el criterio del fiscal Eduardo Taiano, la magistrada rechazó las graves acusaciones de atentado contra el orden público. Servini aclaró que no existe ningún indicio de una agrupación que busque imponer ideas por la fuerza o el temor, y le ordenó a la funcionaria que, si pretende continuar con un reclamo por calumnias e injurias, deberá hacerlo exclusivamente en el fuero civil, por tratarse de un delito de acción privada.
En aquel expediente, Villarruel también intentó vincular el editorial televisivo con una supuesta campaña coordinada para erosionar su figura. Para ello, pidió unificar la causa con una denuncia de 2025 contra el empresario español Javier Negre. No obstante, la Justicia descartó cualquier punto de conexión, desestimó la hipótesis de una persecución metódica y blindó el derecho a la crítica periodística.
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