El Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro ordenó este sábado la excarcelación de Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, quienes se encontraban detenidos en el marco de una causa por el escrache en la casa del diputado nacional libertario José Luis Espert.
Según indicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en redes sociales, Alexia Abaigar, otra de las imputadas, ya se encuentra en su domicilio. El viernes la jueza Sandra Arroyo Salgado había ordenado que continúe detenida pero desde su casa.
En su publicación, el CELS aseguró que la causa “no es consistente” y cuestionó la continuidad de la prisión preventiva de la concejal quilmeña Eva Mieri, cuya solicitud de medidas alternativas fue rechazada por el juzgado. Los argumentos utilizados para mantener a Mieri detenida fueron calificados como “legales pero equivocados” por el CELS, quien denunció que “el aparato punitivo del Estado está siendo utilizado para perseguir una acción política”.
La causa judicial se abrió a raíz de una protesta y escrache realizado frente a la casa de Espert en el partido de San Isidro, donde los implicados arrojaron estiércol sobre la vereda.
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Las detenciones y la prisión preventiva fueron cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y referentes políticos, quienes interpretaron que detrás de la causa existe un intento de criminalizar la protesta política y judicializar la disputa partidaria.
Abaigar: en su casa, pero presa por orden de Arroyo Salgado
La titular del Juzgado Federal 1 de San Isidro dispuso otorgar la prisión domiciliaria a Abaigar, la funcionaria bonaerense que había sido detenida por el ataque con materia fecal en la casa de Espert. En la resolución, concedió la prisión domiciliaria para “bajo vigilancia electrónica”.
Al momento de su detención, Abaigar se desempeñaba como directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense.
La funcionaria había sido detenida el 25 de junio y el miércoles se habían sumado los cuatro detenidos mencionados, por la misma causa.
En tanto, los integrantes del Consejo de la Magistratura Mariano Recalde y Vanesa Siley, de Unión por la Patria (UxP), anunciaron que presentarán una denuncia contra Arroyo Salgado por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. Los legisladores acusan a la jueza de haber ordenado la “detención arbitraria e incomunicación” de siete personas, cinco de las cuales continúan privadas de libertad, en el marco de una causa iniciada tras la colocación de un pasacalle y bolsas con excremento frente a la casa de Espert.
Los hechos, según la denuncia presentada, “no pueden configurar más que una infracción municipal”, pero la jueza habría desplegado procedimientos que incluyeron “diferentes allanamientos, detenciones e incomunicación” sin una imputación clara.
Los denunciantes sostienen que Arroyo Salgado incurrió en “un accionar arbitrario e ilegal” y actuó “al servicio de los intereses políticos del Gobierno nacional”, lo que configura, según los denunciantes, un caso de “persecución política”.
La denuncia también cuestiona la figura penal de “Asociación ilícita, amenazas coactivas y actos discriminatorios por motivos políticos”, utilizada por la magistrada para justificar las detenciones, lo que, según afirman, resulta “desproporcionado y sin sustento jurídico”.
La presentación solicita que el Consejo de la Magistratura investigue la conducta de la jueza por mal desempeño, por violación de garantías constitucionales y por el uso desmedido del poder judicial con fines de “amedrentamiento y disciplinamiento social al servicio de los intereses políticos del Gobierno nacional”.
NA / Gi
