La Justicia ratificó la orden de desalojo de las familias que, desde hace seis días, ocupan un complejo habitacional ubicado en el barrio de Flores, donde según el gobierno porteño habría personas armadas. El juez federal de Quilmes Luis Armella reiteró la presentación realizada días atrás, que todavía no se hizo efectiva en las viviendas, construidas y asignadas para cientos de pobladores de asentamientos situados a orillas del Riachuelo.
El magistrado mantuvo en un nuevo fallo las multas aplicadas a la secretaria de Seguridad de la Nación, Cristina Camaño, por el incumplimiento de las medidas ordenadas el miércoles pasado, informaron fuentes judiciales. Pero también advirtió a los ministros de Seguridad nacional y porteño, Nilda Garré y Guillermo Montenegro, respectivamente, que serán multados si no se implementan todas las acciones que garanticen el desalojo.
Por su parte, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reiteró que era "el Gobierno (nacional) el que no cumple" la orden judicial. La situación, indicó, "va más allá de las discusiones políticas, es un problema legal" y recordó que algo similar ocurrió con el Parque Indoamericano, en Villa Soldati, que fue ocupado y pese a la resistencia del gobierno nacional "tuvieron que desalojar".
Rodríguez Larrreta consideró que "la pulseada se da entre el Gobierno y un juez federal, cuya orden no es cumplida", sostuvo en diálogo con Radio 10 y recordó que desde el sábado cuando se produjo la toma y el lunes en que el juez ordenó el desalojo "la Policía Metropolitana acató la orden y estaba ahí para acompañar" la disposición.
La orden judicial. El magistrado Armella expresó que la orden "se encuentra plenamente vigente e inalterable", por lo que si no se efectiviza aplicará "nuevas sanciones pecuniarias a todos aquellos funcionarios que resulten responsables".
El juez, en su dictamen, solicitó a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), al Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Metropolitana que "en forma conjunta" le informen a diario "las medidas que se vayan adoptando en cumplimiento de la manda judicial".
Además, Armella requirió al gobierno porteño, por medio de la ACUMAR, que en un plazo de 24 horas presente un informe que detalle la cantidad de viviendas "efectivamente afectadas al plan de relocalización de Villas y asentamientos precarios" en el predio ubicado entre las calles Lafuente, Castañares y Portela. Al respecto, pidió a la Ciudad que determine si algunos de los ocupantes del complejo "habían sido o no incluidos entre los beneficiarios" de las viviendas, como también "si se encuentran" incluidos por "planes de vivienda alternativos".
Por su parte, el gobierno porteño advirtió la posible presencia de "gente armada" dentro de los edificios del barrio de Flores ocupados desde el sábado pasado.
Fuente: DyN.
