La iniciativa que propone cobrarle un impuesto del 10% sobre el salario del trabajador a las empresas que contraten empleados no nacidos en San Luis o con menos de cinco años de residencia fue presentada por el gobierno de Alberto Rodriguez Saá y aprobada por las dos cámaras legislativas de la provincia.
El bloque de Cambiemos criticó la medida por considerarla "discriminatorio entre argentinos que son iguales ante la Constitución". La medida se aprobó, en cambio, con los votos de la bancada oficialista Compromiso Federal y del kirchnerismo nucleado en el Frente para la Victoria.
La nueva ley establece en su artículo 5 que "todo empleador deberá abonar al Registro una tasa mensual equivalente al 10 por ciento de la remuneración bruta mensual, por cada empleado en relación de dependencia" que esté comprendido en la norma. En el siguiente artículo establece que no deberán abonar el impuesto por el "personal nacido en la provincia o que tenga como mínimo cinco años de residencia" en San Luis.
Tampoco estarán comprendidos los empleados "con especialidades de comprobada escasez en la provincia", los trabajadores que ya tengan un empleo en blanco al momento de entrar en vigencia la ley, el "personal egresado de escuelas técnicas, institutos de formación superior, universidades provinciales y universidades nacionales radicadas en el territorio de la Provincia".
La senadora oficialista Mabel Leyes criticó al gobierno de Cambiemos por oponerse a la medida con el pretexto de que "no conocen el concepto de 'puntanidad'". "Tenemos que defender la familia puntana y que no se hagan los sordos porque el gobernador no discrimina y en cada uno de sus discursos dice que puntano es el que nació y eligió serlo". agregó Leyes, que durante su etapa de intendenta en La Calera se donó a sí misma terrenos municipales.
Por su parte, el diputado radical Alejandro Cacace denunció al gobernador ante el INADI por considerar "discriminatorio y xenófobo" el proyecto que luego se transformó en ley".
