El Gobierno nacional podría ordenar por decreto incrementos salariales a trabajadores del sector privado una vez que el Congreso sancione la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, cuyo proyecto será tratado este jueves en la Cámara de Diputados. El artículo 54 de la mega iniciativa establece que el Presidente Alberto Fernández podrá disponer en forma obligatoria que los empleadores abonen a sus trabajadores aumentos mínimos.
Aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles ni del ministerio de Trabajo ni de la cartera de Economía, se cree que las negociaciones con empresarios y sindicatos empezarán una vez que la norma sea sancionada. Desde el sector especulan que se podría tratar de un posible bono por única vez o hasta de incrementos escalonados en cuotas, según consignó el diario Clarín. En este sentido, auspician que la medida no producirá una presión extra sobre las compañías ya que serían eximidas del pago de aportes y contribuciones patronales en el marco de la emergencia.
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Mientras se analiza el posible alcance de la norma, el jefe de Estado mantuvo este martes 17 de diciembre reuniones y encuentros con industriales y líderes gremiales. Por la mañana, asistió a un acto en la sede de SMATA y por la tarde su jefe de Gabinete recibió a la cúpula de la Unión Industrial Argentina. Visitaron las oficinas de Santiago Cafiero el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y el vicepresidente de la cámara empresaria y hombre fuerte de Techint, Luis Betnaza; así como Guillermo Moretti, de los industriales de Santa Fe.
El Gobierno encara, además, negociaciones informales desde hace días con referentes y líderes de la CGT y de las cámaras empresarias para debatir el monto de un aumento de suma fija no remunerativa de entre los $ 6000 y los $ 8000 para los trabajadores del sector privado. Desde el Ejecutivo aspiraría a oficializar ese aumento antes del 25 de diciembre.
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Mientras tanto, el oficialismo busca avanzar con el tratamiento de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Este martes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó detalles sobre el proyecto. El funcionario sostuvo que la compra de divisas para atesoramiento, limitada por el "cepo" de hasta 200 dólares mensuales, tendrá también un recargo de 30% como el que se anunció para las compras en el exterior.
Según pudo saber PERFIL, la iniciativa contempla además la declaración de las emergencias económica, social y sanitaria, así como la autorización al gobierno a otorgar aumento a jubilados y estatales. Uno de los puntos centrales es que, como se prorroga el presupuesto 2019, va a poder ampliar estos recursos sin las limitaciones de la ley de administración financiera, y negociar tarifas y acuerdos con las empresas concesionarias de servicios públicos.
AB/FF
