Ni la familia de Jorge Julio López ni los querellantes ni la Justicia supieron por qué motivo el ex ministro de Seguridad bonaerense León Carlos Arslanian afirmó, hacia el final de su mandato, que era optimista con la resolución de la causa en la que se investiga la desaparición del albañil.
Pasó más de un año desde la última vez que se vio con vida al testigo del caso Etchecolatz y el proceso judicial se encuentra en estado incierto. Prueba de ello es que de los dieciocho policías que López acusó en su testimonial de cometer delitos de lesa humanidad, y que a la vez están sospechados de haber participado en su segunda desaparición, sólo tres están detenidos. Además hay uno que murió y otro que no se sabe si está vivo.
Los trece restantes, que también habían sido imputados por López como partícipes necesarios de torturas, secuestros y asesinatos, se encuentran libres. El fiscal federal Sergio Franco libró hace exactamente un año un pedido de detención “inmediata” de todos ellos, en el marco de las investigaciones relacionadas con el centro clandestino que funcionaba en la Comisaría 5ª de La Plata.
Cree que hay elementos suficientes para que estén presos por la primera desaparición de López y por numerosos delitos cometidos en la represión ilegal. Pero además considera que podrían llegar a estar ligados al segundo secuestro del albañil militante. No sólo porque el testigo los involucró en su primera desaparición, sino porque la mayor parte de ellos vive en Los Hornos, el barrio de “Tito”, y el mismo lugar en el que se lo vio con vida por última vez.
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