La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que puso a disposición de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina la nómina de personas incluidas en el programa Tribuna Segura que actualmente tienen prohibido el ingreso a espectáculos deportivos, en el marco de las medidas de seguridad previstas para el Mundial 2026, que se disputará en territorio estadounidense entre el 11 de junio y el 19 de julio.
En total son 34.000l hinchas y la nómina incluye a 13.000 deudores alimentarios morosos, quienes se suman a las 23.000 personas que ya integraban el programa Tribuna Segura por el mismo motivo o por violencia en los estadios.
La decisión fue oficializada a través de la resolución 444/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, donde además se hace referencia al Memorando de Entendimiento sobre cooperación en materia de seguridad y a un convenio bilateral del que también forman parte los Departamentos de Justicia de ambos países.
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La normativa establece que la información contenida en el programa Tribuna Segura será compartida con la representación diplomática estadounidense “en atención a la realización de la Copa del Mundo FIFA 2026” y en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes entre ambas administraciones.
Asimismo, la resolución instruye a la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional, a llevar adelante las acciones necesarias para cumplir con el protocolo de tratamiento de los datos incluidos en el sistema.
El texto oficial aclara además que la información suministrada sólo podrá ser utilizada para tareas de planificación y coordinación de seguridad vinculadas al torneo, tanto en el plano táctico como operativo, y prohíbe expresamente cualquier otro uso ajeno a ese objetivo.
En ese sentido, también se determinó que el acceso a esos datos quedará limitado exclusivamente al período de duración del campeonato y podrá extenderse, como máximo, durante cinco días corridos posteriores a la finalización del certamen para cuestiones operativas, de control y verificación relacionadas con el evento.
Por último, la resolución dispone que, una vez concluido ese plazo, las autoridades receptoras deberán eliminar de manera definitiva toda la información recibida y acreditar ante el Ministerio de Seguridad argentino la destrucción irreversible de la base de datos, sin posibilidad de conservar copias, respaldos ni registros derivados en ningún formato.
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