La iniciativa fue votada por amplia mayoría. El proyecto -que no contempla el suicidio asistido- será girado al Senado, donde se pide que se trate en sesiones extraordinarias.
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Cedoc
La Cámara de Diputados aprobó esta noche y giró al Senado para su sanción definitiva el proyecto de muerte digna, a partir del cual los enfermos terminales podrán rechazar terapias que sólo prolonguen su agonía. La media sanción en general del proyecto -que establece los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud- fue votada a favor por 142 diputados y rechazada por 6, mientras otros dos se abstuvieron.
La normativa avalada por la Cámara baja establece que "el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, así como también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad". En ese sentido, indica que el paciente terminal puede rechazar procedimientos, cirugías y "medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarias o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría".
Sin embargo, en el debate en particular hubo más discrepancias, sobre todo en lo referido al caso en que el paciente no se encuentra en condición de expresar su voluntad de suspender los tratamientos.
Entre los principales cuestionamientos se mencionó la situación generada cuando un paciente no se encuentra en condiciones de expresar su deseo de eliminar o continuar procedimientos médicos, y el que establece la posibilidad de que el paciente puede rechazar alimentación e hidratación, explicó la agencia DyN.
La persona afectada deberá expresar su postura ante el facultativo para lo cual en forma previa debe ser informado de su real estado de salud, los tratamientos a realizar y sus consecuencias, así como los efectos en caso de suspenderse algunos de los procedimientos médicos. También se establece que, en caso de que el paciente se vea impedido de dar su consentimiento, serán sus familiares o los responsables legales quienes deberán hacer conocer la decisión de prolongar la agonía por medios artificiales. En cambio, la ley no implica la legalización de la eutanasia ni el suicidio asistido, que sería facilitarle la muerte al paciente. La presidenta de la comisión de Legislación General, Vilma Ibarra, sostuvo que "la llamada ley de muerte digna debería ser llamada de vida digna", ya que a su entender la norma permite "garantizar el respeto a la autonomía de la voluntad para que las personas decidan cómo van a vivir hasta el último minuto de su vida, evitando el encarnizamiento médico".
