La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, resolvió ayer apartar de la causa Noble a dos de los abogados de la defensa, y los denunció penalmente por prevaricato, un delito que tiene penas de uno a seis años de inhabilitación y multas de 2.500 a 30 mil pesos.
La medida afecta a Jorge Anzorreguy y Horacio Silva, dos de los seis letrados que patrocinan a la familia de la dueña de Clarín, y fue una respuesta a algo que ya había marcado la Cámara de Casación. Es que ambos letrados defendían a la imputada, que es Ernestina Herrera de Noble, y al mismo tiempo a sus hijos, que en este caso serían las víctimas.
En consecuencia, según la jueza, había un conflicto de intereses. “Ambas asistencias técnicas han efectuado presentaciones en forma concomitante –con cargo de igual fecha y hora– con idéntico objeto y alcance, que sólo se distinguen por la identidad de los signatarios”, explicó en la resolución Arroyo Salgado, que de este modo fijó una línea de acción contraria a los intereses de Noble.
La investigación sobre la identidad biológica de los hijos adoptivos de Herrera de Noble (Marcela y Felipe que, se sospecha, son hijos de desaparecidos) estuvo hasta hace dos semanas en manos de Bergesio. Pero Casación lo separó por dilatar las medidas de prueba, con un análisis lapidario sobre la actuación del magistrado.
