La tensión entre el oficialismo y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo técnico creado en 2016 para calcular el costo fiscal de los proyectos de ley y auditar la ejecución presupuestaria, escaló en los últimos días. Después de que Gabriel Esterelles renunciara a la dirección general, en medio de una auditoría que cuestionó la gestión administrativa del organismo, la Comisión Bicameral que controla LLA avanzó esta semana con una serie de decisiones que la oposición interpreta como el intento más serio hasta ahora de intervenir la oficina, justo cuando faltan menos de dos semanas para que Javier Milei presente el Presupuesto 2027 ante el Congreso, el próximo 15 de septiembre.
La comisión, presidida por el senador libertario Agustín Monteverde y secundada por el diputado Alberto 'Bertie' Benegas Lynch, se reunió el martes 1 de septiembre por tercera vez en el año en el propio despacho de Monteverde, sin transmisión oficial, sin aviso en la agenda pública de ninguna de las dos cámaras y con la prensa impedida de ingresar. Del encuentro participaron, además de los dos libertarios, la diputada del PRO Daiana Fernández Molero, mientras que el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que no integra la comisión, se hizo presente igual para reclamar transparencia. El peronismo, representado por Carlos Castagneto y Fernando Salino, decidió no asistir para no legitimar una reunión que definieron a PERFIL como "oscura", por lo que el encuentro se desarrolló sin quórum.
En esa reunión se modificó el reglamento interno de la OPC, vigente sin cambios desde 2018, con el argumento formal de adecuarlo a la existencia del Servicio Administrativo Financiero (SAF) que la oficina puso en marcha en 2021. Pero el punto más sensible del temario que es la "continuidad" de ese mismo SAF, es decir, si la OPC conserva o pierde su autonomía financiera propia, quedó pospuesto para una próxima reunión. En el oficialismo circula la idea de que la oficina no requiere de manejar fondos por tratarse de un organismo técnico, y evalúan directamente eliminar ese servicio administrativo, lo que en los hechos dejaría a la OPC dependiendo del sistema financiero del propio Senado.
Ferraro reclamó en la reunión que los encuentros se transmitieran igual que el resto de las comisiones, y la respuesta que recibió fue que la comisión ese tipo de reuniones nunca las suele transmitir.
La sombra del INDEC de Marco Lavagna
En los pasillos del Congreso algunos legisladores trazan un paralelismo con lo ocurrido en el INDEC: una intervención que empujó la renuncia de Marco Lavagna. Pero el antecedente que más incomoda al Gobierno es puntual que fue la propia OPC la que, en el debate por la Ley de Financiamiento Universitario, calculó que el impacto fiscal de la norma equivalía apenas al 0,23% del PBI, muy por debajo de las cifras que manejaba el Poder Ejecutivo para justificar su veto. Esa estimación técnica terminó siendo citada por la Justicia como respaldo para sostener la validez de la ley, cuando la misma comisión bicameral ya había resuelto restringir la capacidad de la OPC para elaborar informes extraordinarios sin autorización previa.
Asimismo, hay otro dato incómodo para el oficialismo: el actual secretario de Hacienda, Carlos Guberman, integró la OPC como uno de sus cuatro directores en 2018, apenas dos años después de su creación por un proyecto del entonces diputado Juan Manuel Abal Medina. Hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto, pero conoce bien de cerca el funcionamiento del organismo.
"LLA quiere desmantelar la OPC"
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, fue el más duro al reaccionar públicamente: "LLA quiere desmantelar la OPC y limitar su capacidad operativa. Para tomar estas decisiones, lo hace en reuniones oscuras, convocadas a las apuradas, sin ningún tipo de consenso transversal", denunció ante Ámbito. Y agregó que "LLA rompió ese acuerdo transversal. Se quiere llevar puesta a la OPC. Nosotros no lo vamos a permitir. Y de ser necesario iremos a la Justicia".
El propio Monteverde salió a responder esas críticas asegurando que "es todo transparente y público" lo que hace la comisión, y que cualquier definición quedará plasmada en las resoluciones que se publican en la web de la OPC.
Mientras tanto, la conducción interina de la OPC quedó en manos de María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont, directora de Estudios, Análisis y Evaluación y la funcionaria de mayor antigüedad del organismo, hasta que se resuelva el concurso público para reemplazar a Esterelles. La comisión bicameral se volverá a reunir en los próximos días para definir, ahora sí, el futuro del SAF y del propio esquema de financiamiento de la oficina, en una definición que llegará con el Presupuesto 2027 ya golpeando la puerta del Congreso.
JD/ cp
