La Oficina Anticorrupción (OA) presentó los proyectos de Decretos de Integridad en Juicios y Contrataciones vinculados al Presidente. En un encuentro en Casa Rosada con organizaciones no gubernamentales y especialistas, se recibieron aportes y sugerencias para incorporar a los decretos simples, que próximamente serán firmados por el Mauricio Macri.
Los proyectos están a disposición en la web de la OA para que quienes lo deseen pueden enviar sus comentarios y hacer sus contribuciones hasta el 15 de marzo.
En el encuentro con los representantes de la sociedad civil, la titular del organismo, Laura Alonso, estuvo acompañada por el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, el Síndico General de la Nación, Ignacio Rial, y el Procurador General del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín. Por su parte, entre los invitados, hubo integrantes de: Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés, Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas (CEPPA), entre otros.
Alonso destacó: “Estamos haciendo un proceso consulta participativa” en el que “hemos abierto esto a organismos y expertos”. En este sentido, valoró que “se hicieron muchísimos aportes” y sostuvo que estos proyectos de decretos son “una autolimitación del Presidente para sí mismo y para otros funcionarios de alto rango a fin de que no haya dudas en contrataciones o juicios al Estado”.
“Queremos avanzar en otras reformas legislativas importantes, como la de la Ley de Ética Pública, la de transición presidencial y la de gestión de intereses”, agregó.
El proyecto de decreto de integridad sobre juicios aplica en casos de parentesco, pleitos, amistad o enemistad y carácter de acreedor o deudor con el Presidente y/o el Vicepresidente. Establece que, en estos casos, el Estado Nacional será representado por la Procuración del Tesoro de la Nación, que deberá publicar en su web el listado de causas en las que aplica este decreto y el estado de las mismas.
Previo a cualquier toma de decisión que ponga fin al juicio, la Procuración del Tesoro de la Nación deberá informar a la OA, a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Comisión Mixta de Cuentas del Congreso de la Nación, a la vez que anualmente deberá enviar al Poder Legislativo un informe detallado sobre la aplicación de este decreto.
Todo aquel que quiera contratar con el Estado Nacional deberá presentar una Declaración Jurada de Intereses sobre vínculos con los funcionarios alcanzados por este decreto. Si la vinculación es con el Presidente, el Vicepresidente o el Jefe de Gabinete, el ministerio o entidad que contrata estará obligado a incorporar una de las siguientes herramientas de transparencia: pactos de integridad, participación de testigo social, veeduría de organismos de control o realización de audiencias públicas. En estos casos, queda prohibida la contratación directa.
Por su parte, si la vinculación es con el titular del ministerio u organismo que contrata, ese titular no podrá intervenir y deberá informar al Jefe de Gabinete para que designe a otro funcionario para que intervenga.
