La reforma judicial logró ahondar la distancia entre el Gobierno y los siete ministros de la Corte Suprema, quienes comenzaron a cerrar filas para declarar inconstitucional gran parte de los proyectos impulsados por el oficialismo.
Sin embargo, en el tribunal se abrieron grietas frente a las versiones que indicaban que los ministros habían amenazado con renunciar en bloque como una señal de rechazo. Mientras el juez Raúl Zaffaroni afirmó que “en ningún caso y de ninguna manera se planteó” la posibilidad de una renuncia masiva, otros sectores del tribunal deslizaban en reserva que la amenaza había existido y que las comunicaciones asiduas entre el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la presidenta Cristina Fernández, la habían desactivado.
Las fuentes que desmintieron los alejamientos interpretaban la versión como una estrategia de Lorenzetti para tomar distancia de las acusaciones que lo habían implicado en un acuerdo con el Gobierno.
De una forma u otra, el Gobierno retrocedió en lo referente a la Corte Suprema y desistió del intento de delegar sus facultades de administración, superintendencia y presupuesto al Consejo de la Magistratura.
“Querían convertir a la Corte en una Mesa de Entradas”, ilustró un magistrado.
Los ministros del tribunal, en varias charlas informales, describieron la reforma judicial como “inaceptable e indigna”. Los más críticos aludieron incluso a la “pérdida de la independencia del Poder Judicial” y del “sistema republicano”.
A partir de allí empezaron las gestiones, por vía telefónica, entre Lorenzetti y Fernández de Kirchner. Esa línea directa reemplazó los diálogos previos entre Lorenzetti y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini.
El diálogo fue cordial, pero rotundo al momento de describir la inquietud y el malestar de los ministros.
Lorenzetti se encargó también de trasmitirle a la Presidenta la unidad que había alcanzado la Corte en torno al rechazo.
La primera mandataria contestó que se notificaba de la situación y que volvería a contactarlo.
Enseguida, los funcionarios consultaron al juez Eugenio Zaffaroni sobre la veracidad de las palabras transmitidas por Lorenzetti y le preguntaron a qué jueces alcanzaba el rechazo.
“A todos”, respondió el jurista. Del otro lado de la línea insistieron: ¿A todos? “Todos”, enfatizó Zaffaroni.
El más dispuesto a negociar cambios en los proyectos había sido Lorenzetti.
Los ministros más veteranos , al igual que las juezas Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, advirtieron que no podían avalar “este retroceso en materia constitucional tras años de lucha por la conquista de derechos y garantías avalados incluso a nivel internacional”, según cuentan las fuentes judiciales consultadas, que confirmaron el tono enfático de las advertencias. Las señales de la Corte Suprema buscaron también quitarle crédito al acuerdo entre Lorenzetti y Kirchner que lanzó la diputada Elisa Carrió.
Algunos funcionarios de la Corte intentaron incluso, a través de terceros, evitar que sus acusaciones llegaran a los tribunales.
Los intentos fueron en vano, y Carrió inició una denuncia penal ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral contra Lorenzetti y la Presidenta. Además elevó una presentación ante la OEA que advierte sobre una supuesta “grave alteración del orden constitucional” en la Argentina a raíz de la reforma judicial.
Frente al avance de la reforma, la estrategia de la Corte es esperar que las acciones de inconstitucionalidad en casos concretos o a través de amparos lleguen a sus manos para, recién entonces, opinar a través de sus resoluciones.
A lo largo de todo el país se espera un sinnúmero de denuncias y amparos. Ya se organizan y analizan fundamentos las asociaciones de magistrados, las organizaciones no gubernamentales, las universidades públicas y privadas, como también de los Colegios de Abogados.
El sustento de esos fundamentos radica en “la afectación al sistema republicano de gobierno, al federalismo y a la independencia del Poder Judicial”. “Hay muchos aspectos inconstitucionales”, afirmó en diálogo con PERFIL Luis María Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados.
