Tras haber aprobado la derogación de los superpoderes en Diputados (aunque aún resta el Senado), la oposición ahora va por otra reforma de fondo para ajustar los controles sobre las cuentas y empresas públicas y la forma en que gasta el Gobierno. El proyecto, planeado por Federico Pinedo del PRO, tiene el aval de casi todos los bloques opositores, según informó Ámbito Financiero. El principal objetivo es reformar la Auditoría General de la Nación y la Comisión Mixta Revisora de Cuentas para darle más velocidad a los dictámenes y abrir el juego a otros partidos de oposición, además de la UCR.
En primer lugar establece la caducidad de todos los mandatos del colegio de auditores y fija una regla interesante: ningún funcionario, diputado, senador o ex integrante del Poder Judicial puede ocupar un cargo de auditor hasta cuatro años después de haber dejado esos cargos. El reparto de cargos también cambiaría en caso de que se apruebe el proyecto: en Diputados los tres sillones en el colegio de auditores se repartirán entre los tres bloques con mayor cantidad de bancas.
Control. "Todos los contratos y pliegos que regulen la adquisición de bienes y servicios para los organismos y entes del sector público nacional, deberán incluir la obligación de los proveedores y contratistas de brindar en tiempo y forma la información requerida por la AGN", dice uno de los artículos. Si no lo hacen pueden quedar afuera de futuras licitaciones o perder la condición de proveedor del Estado. Hasta ahora la recolección de información es uno de los principales problemas.
De hecho se autoriza a la AGN a tramitar el acceso a la información por vía judicial y solicitar el secuestro de documentación. La reforma es más profunda en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, el órgano del Congreso del que depende la Auditoría General. Esa Bicameral deberá girar en no más de 48 horas a la AGN la Cuenta de Inversión (rendición del Poder Ejecutivo del Presupuesto ya ejecutado cada año) para su análisis. Y el dictamen de la Auditoría sobre ese tema deberá ser aprobado o rechazado en no más de 45 días.
Apoyos. A pesar de ciertas diferencias, el matutino adelantó que Silvana Giudici y Rubén Lanceta firmarán el proyecto. En tanto que Ricardo Gil Lavedra haría lo mismo, aunque aún no se definió. El macrismo y el peronismo federal consiguieron también seducir a Fernando Pino Solanas y Claudio Lozano para apoyar esta nueva Ley Orgánica de la Auditoría General.