La Cámara de Diputados fue escenario este martes de una nueva ofensiva de la oposición, que logró emitir dictamen de mayoría sobre el proyecto de financiamiento universitario. La iniciativa propone actualizar los gastos de funcionamiento, recomponer los salarios docentes y no docentes, y establecer una fórmula de actualización atada a la inflación.
El dictamen fue firmado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, tras el emplazamiento votado en la última sesión. La Libertad Avanza, por su parte, rechazó el tratamiento del tema y ya anticipó que el presidente Javier Milei vetará la norma si es aprobada en el recinto.
Apoyo de rectores y estudiantes
Antes del plenario, rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y referentes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) se concentraron frente al anexo del Congreso. Se tomaron una fotografía grupal y presentaron decenas de carpetas con miles de firmas en respaldo del proyecto.
Durante el debate, el diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda) advirtió que “el punto más crítico del sistema universitario es el deterioro salarial”. Mencionó que hay docentes con más de 15 años de antigüedad que cobran menos de 280 mil pesos.
Llamado a una movilización federal
Castillo planteó que “para quebrar el eventual veto del Ejecutivo habrá que convocar una tercera marcha federal universitaria”. Además, anunció que su bloque presentaría un dictamen propio, con partidas específicas para obras sociales universitarias, sueldos de docentes ad honorem y el área de Ciencia y Técnica.
Desde Encuentro Federal, el diputado Esteban Paulón destacó el “tortuoso camino” para alcanzar el dictamen. “La universidad es un valor que compartimos todos, pero sin presupuesto y sin salarios no hay sistema posible”, señaló.
Críticas al ajuste y advertencias al Ejecutivo
Hugo Yasky (Unión por la Patria) aseguró que la propuesta representa “una mínima reparación para recuperar el terreno perdido” en materia salarial. En la misma línea, Lorena Pokoik defendió la educación pública y remarcó que el proyecto “corrige retrocesos impulsados por el Gobierno”.
Pablo Carro, autor de uno de los textos que sirvieron de base, alertó que más de 10 mil docentes universitarios renunciaron este año por los bajos sueldos. “El 70% cobra menos de 300 mil pesos”, dijo, y advirtió que solo el 10% tiene cargos con dedicación exclusiva.
Una ley con alcance nacional
El texto consensuado establece una recomposición presupuestaria desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2024. A partir del año próximo, las partidas deberán actualizarse automáticamente cada dos meses según el índice de precios al consumidor (IPC).
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Respecto a los salarios, la iniciativa obliga al Poder Ejecutivo a aplicar una recomposición retroactiva desde diciembre de 2023, también indexada por inflación. Asimismo, plantea incorporar en 2025 todas las sumas no remunerativas al salario básico.
Becas, investigación y control externo
El proyecto también prevé la actualización de montos para becas estudiantiles, como el programa Progresar, y asignaciones específicas para el sistema de Ciencia y Técnica. Además, se impulsa una auditoría externa de las universidades a través de la Auditoría General de la Nación.
Los recursos para financiar estas medidas deberán provenir de ingresos corrientes por encima de lo presupuestado, sin afectar la coparticipación ni los ATN.
El antecedente de 2023 y el nuevo escenario
Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, recordó que el año pasado la oposición no logró unificar posturas para dictaminar. Esta vez, destacó, se alcanzó una posición común con mayor cohesión, lo que eleva el nivel de presión sobre el Gobierno.
Danya Tavela (Democracia para Siempre) celebró que las fuerzas políticas opositoras “hayan priorizado la conciencia colectiva por sobre el ego partidario”. Por fuera de la mayoría, la UCR, el Frente de Izquierda y la Liga del Interior presentaron dictámenes propios.
Postura del PRO y advertencia final
Desde el sector aliado al oficialismo, Alejandro Finocchiaro (PRO) cuestionó la iniciativa y sostuvo que “no corresponde tratar una paritaria en el Congreso”. A su entender, el proyecto representa “una intromisión en el mercado laboral” y genera un “peligroso antecedente” para otros gremios.
“El Congreso no puede sancionar proyectos que no se puedan pagar. Esta es una jugada irresponsable para desestabilizar al Gobierno”, concluyó.
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