Tardó cinco años en llegar. Pero finalmente lo hizo. El fallo de la Corte Suprema a favor de Editorial Perfil en su amparo por la discriminación con la publicidad oficial a la que el Gobierno la viene sometiendo desde el comienzo de las gestiones kirchneristas, resulta más un reconocimiento a la constancia que a un amparo verdadero.
Un amparo es un recurso jurídico que se utiliza ante situaciones de urgencia cuando lo que se demanda es la interrupción de un perjuicio y lo que se solicita es que se ampare a la víctima. Pero fue necesario que la Cámara de Apelaciones en los Contencioso Administrativo Federal tuviera que revocar el fallo a favor del Gobierno y en contra de Editorial Perfil –recién en agosto de 2008– para que se diera inicio a esta tercera fase del proceso que desembocaría en este fallo positivo de la Corte Suprema.
Si hace cinco años este amparo hubiera sido resuelto a favor de Editorial Perfil y no del Gobierno, como hizo en primera instancia el titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, el juez Ernesto Marinelli, seguramente habría sido menos brutal el sistema de premios a la prensa adicta y castigos a la crítica.
Al juez Marinelli le cabe la responsabilidad de no haber contribuido a impedir lo que claramente resultó una administración de fondos del Estado altamente coercitiva para los medios de comunicación y preludio de otras formas que fueron agravándose.
La discriminación con la publicidad oficial fue el huevo de la serpiente de la política de comunicación kirchnerista. Fue su primer intento por influir en los medios.
Al ver la escasa resistencia que se le opuso desde el periodismo y el atemorizado disciplinamiento que en muchos fue obteniendo, el Gobierno siguió avanzando en lo que literalmente cabría llamar una “profundización de su modelo”.
En la próxima fase ya no sólo coercionó a los medios existentes sino que pasó a fomentar la creación de nuevos medios privados, a los que se sostenía con publicidad oficial, para que directamente atacaran a aquellos medios que no se doblegaron frente a la amenaza de castigo económico o el castigo mismo.
Como tampoco resultó tan escandalizador que se abrieran cadenas de nuevos medios privados exclusivamente sustentados con publicidad oficial (el ser humano se acostumbra a todo lo que se repite) o empresarios que en el pasado nada tuvieran que ver con el periodismo compraran medios existentes para sumarlos al coro de difamadores de los medios y periodistas críticos, también con el apoyo de la publicidad oficial, se volvió a profundizar el modelo y ya fue el Gobierno mismo quien desde los medios de comunicación del Estado pasó a atacar a los medios privados que no se alinearon a su discurso.
Clarin y La Nación tienen una deuda en este punto porque cuando la discriminación con la publicidad oficial que sufría Editorial Perfil era evidente, estos diarios no le dieron la importancia al tema que a partir de la crisis con el campo en 2008 le vienen dando a los nuevos ataques a los medios de comunicación no alineados con el Gobierno.
Fue necesaria la creación del “Fideicomiso en contra de la discriminación con la publicidad oficial”, que condujo Nelson Castro por entonces ombudsman del diario PERFIL, más una insistente campaña de concientización, para que el uso arbitrario de la publicidad oficial ingresara a la agenda política.
Este fallo nos deja varias enseñanzas: que frente a ataques a derechos establecidos en la Constitución los medios y los periodistas no debemos aprovechar la desgracia del competidor en beneficio propio, y que en la defensa de esos derechos hay que tener constancia y saber resistir.
(*) Fundador del diario PERFIL.
