Una investigación exclusiva del Diario PERFIL reveló en abril pasado la presunta conexión que probaría el vínculo de un caso de lavado de dinero con el financiamiento de la campaña presidencial del Frente para la Victoria. Ésta fue la crónica de la pericia que por estos días provocó el apartamiento del juez Norberto Oyarbide de la causa por mal desempeño.
Los recaudadores de la primera campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner quedaron más complicados en la Justicia tras la presentación de un informe del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema.
El documento al que accedió PERFIL sostiene que el Gobierno se valió de empresas que no pueden justificar los aportes que supuestamente realizaron. En el caso de tres aportantes la conclusión fue que, a pesar de la documentación presentada por las empresas y los bancos con los que operaron, no se puede identificar el origen del dinero aportado a la campaña.
El juez federal Ariel Lijo ordenó al Cuerpo de Peritos un análisis de los movimientos bancarios y comerciales de una serie de droguerías proveedoras del Estado que PERFIL denunció en 2009.
La hipótesis de la Justicia es que los recaudadores de la campaña 2007, a cargo entonces del superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, utilizaron cheques de empresas de la salud proveedoras del Estado o de obras sociales sindicales para camuflar fondos provenientes de otras fuentes financieras que no podían figurar en la campaña.
Con esta pericia, los ex funcionarios responsables de la recaudación y los aportantes quedaron al borde de la indagatoria. La campaña de 2007, apodada con la leyenda “Cristina, Cobos y vos” se convirtió en la más polémica de la era K tras el triple crimen de General Rodríguez, ocurrido en agosto de 2008. Tras darse a conocer la ejecución de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, en el marco de una compraventa de efedrina destinada a narcos mexicanos, se reveló que la droguería de Forza había aportado cheques por $ 200 mil a la campaña a través de una empresa quebrada. Era proveedor del Estado. Más tarde se sumó al escándalo el empresario Néstor Lorenzo, apodado por la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, “el Yabrán de los medicamentos”.
La pericia confirma oficialmente que el empresario Sebastián Forza aportó cheques por $ 200 mil a la campaña pero que los orígenes del dinero son “desconocidos”. “Para las fechas en que fueron debitados los cheques se efectuaron depósitos en efectivo para cubrir esos importes”. Es decir que el aporte realizado por la droguería de Forza, Sanford Salud, fue “cubierto con depósitos en efectivo” cuyo origen no está declarado. La empresa estaba en convocatoria de acreedores y no podía justificar esos cheques. Forza hacía negocios con el mexicano Jesús Martínez Espinoza, condenado luego por narcotráfico.
Cuando los peritos analizaron los movimientos de la droguería Multipharma SA, aportados por el empresario Néstor Lorenzo en dos cheques de $ 310 mil y $ 66 mil, concluyeron que el aportante no puede justificar el valor de los aportes. Los expertos pidieron al juez “reconstruir la ruta efectiva del dinero” y determinar “quién es el titular real de los montos”. “Deberá evaluarse si el origen de dichos aportes respondió a un beneficio particular, o si se trató de una maniobra en la cual las empresas aportaron dinero del propio Estado nacional para financiarse”, agregaron.
En cuanto a los aportes a nombre de Carlos Horacio Torres, socio de Nestor Lorenzo, los peritos establecieron que son “sospechosos en cuanto al origen de los fondos” y que “el perfil económico financiero de Torres” no se condice con el nivel de los aportes que figuran a su nombre en la campaña presidencial K de 2007.
