La Fundación La Alameda denunció la existencia de una red de bares donde fue relocalizado el negocio ilegal de la explotación sexual de mujeres en Río Gallegos, Santa Cruz. Esta misma fundación había denunciado la trata de mujeres en junio y ahora descubrieron que el negocio fue trasladado a otras zonas, pero nunca dejó de existir.
Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda, junto con el abogado Mario Ganora, se presentaron el lunes ante la jueza federal de Río Gallegos, Alicia Álvarez, para dejar asentada la denuncia. Las sospechas son que se trataría de lugares con similares características a las llamadas “Casitas”, conjunto de prostíbulos que confluían en una misma manzana a metros de la terminal de micros de la ciudad, que fueron investigadas por la Alameda a comienzos de este año.
Allí se comprobó la esclavitud de las mujeres y las complicidades de las más altas esferas policiales de la provincia de Santa Cruz. Tras esa primera denuncia penal en Río Gallegos, la jueza Álvarez realizó un operativo a comienzos de junio sobre una treintena de prostíbulos, que se encubren como bares o wiskerias. Pero esta medida judicial no implicó la erradicación del crimen organizado.
Otro de los puntos presentados ante la jueza es el peligro de las enfermedades de trasmisión sexual y la política permisiva expresada por el secretario de Derechos Humanos local, Humberto Quiñones, quien apela a la reglamentación de la explotación sexual, contrario a la ley 12.331.
A esto se le suman los convenios internacionales adscriptos por este país, como la Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación Sexual Ajena de 1949, que marcan una postura totalmente opuesto a la impulsada por Quiñones.
Los representantes de La Alameda se reunirán esta semana con el obispo local, Juan Carlos Romanin, y continuarán con las entrevistas a diversos integrantes de la comunidad.
