La última vez que salió a la calle fue el primero de abril. Aquel día, compartió acto con Alberto Fernández y Axel Kicillof. Los tres recorrieron el sanatorio Antártida, un centro de salud ubicado en Caballito que pertenece al gremio de los camioneros. Tras firmar un acuerdo entre los gobiernos y el sindicato moyanista, las 330 camas de alta complejidad de la clínica quedaron a disposición de los pacientes bonaerenses que las requieran. Durante la ceremonia, el presidente mimó a Moyano, al calificarlo como un “dirigente ejemplar”. Así le agradeció su aporte para minimizar los daños de la pandemia.
Desde aquel acto de reinauguración (la puesta en marcha del sanatorio ya había sido anunciada en 2018), el jefe de los camioneros se guardó en su departamento de Barracas. Moyano tiene 76 años. Su esposa Liliana Zulet no lo deja salir ni al hall del edificio. Zulet es la autora intelectual de la expansión empresarial del gremio. "Gracias también a vos, Liliana", le dedicó Fernández el primero de abril.
Villena, el juez del espionaje ilegal, un hombre de carrera y con expertise en narcotráfico
Desde su casa, Moyano suele hablar por teléfono con el presidente. La semana pasada conversaron por última vez. También charla habitualmente con una ex adversaria: Cristina Kirchner. El camionero y la vicepresidenta hicieron las paces, después de años de enemistad. Si bien Moyano incorporó el uso de whatsapp, todavía no se acostumbra: prefiere el llamado tradicional para comunicarse con el presidente y la vice.
Tras casi tres meses de aislamiento, Moyano volverá a la calle. Lo hará el lunes próximo. El ex jefe de la CGT cree que la oportunidad lo amerita. Incluso está entusiasmado. Tiene cita a las 12.30 en el juzgado de Lomas de Zamora. Irá junto a su hijo Pablo y su abogado Daniel Llermanos. El juez Federico Villena les mostrará una serie de pruebas. A diferencia de las muchas causas acumuladas en su contra, esta vez los Moyano ocuparán el papel de víctimas y no el de acusados. El camionero vive esa novedad como una suerte de reivindicación. La audiencia se iba a concretar el miércoles 17, pero Villena la suspendió a último momento. El martes a la noche, se cortó la luz (¿sugestivamente?) en toda la manzana del juzgado de Lomas.
Villena investiga una red de espionaje ilegal dirigida desde la Agencia Federal de Inteligencia. La supuesta banda se dedicaba a seguir, escuchar, filmar, fotografiar y hasta infiltrar a la dirigencia política, tanto oficialista como opositora. Se trata de la causa más pesada e inquietante para el macrismo, de las cuatro que hacen foco sobre desmanejos de la AFI amarilla.
Al igual que Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli, entre otros políticos de primera línea, los Moyano habrían sido espiados ilegalmente por la ex SIDE.
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De acuerdo a la ley de víctimas, los sindicalistas podrán elegir ser querellantes en la investigación. Y así lo harán. Los Moyano se sumarán a la lista que ya integran Cristina Kirchner y Rodríguez Larreta. Ser querellantes les permitirá tener acceso al expediente.
Un ex agente de la AFI ya reconoció que hubo una orden para hacer un seguimiento a Hugo Moyano. El abogado y ex espía Facundo Melo lo reveló ante los legisladores de la Bicameral de Inteligencia. Aseguró que Alan Ruiz, el ex director de Operaciones Especiales de la Agencia, le había dado esa misión.
Pero los Moyano no se presentarán en el juzgado de Lomas simplemente para escuchar. Irán con ánimo de revancha y contraataque. Daniel Llermanos le sumará pruebas al expediente. El abogado de los Moyano afirma tener fotos y videos que muestran el espionaje sufrido por él mismo y su representado. Así, intentará establecer una conexión con el espionaje ilegal que está investigando Villena.
En el 2018, los Moyano ya había presentado una denuncia en el juzgado de Lomas de Zamora. Llermanos acusó a periodistas y funcionarios macristas por "tráfico de influencia y peculado". El planteo, realizado ante Villena, era que el gobierno de Cambiemos operaba sobre el Poder Judicial para activar causas en contra de Hugo y Pablo. En concreto, para perseguirlos judicialmente.
La presentación de 2018 apuntaba contra Marcos Peña, Patricia Bullrich, los periodistas Luis Majul y Alfredo Leuco, funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la Agencia Federal de Inteligencia. Ante la denuncia, Villena se declaró incompetente y la mandó a Comodoro Py. El sorteo le cayó al histórico Ariel Lijo.
El hecho de que Villena no haya desestimado la acusación, en un contexto político mucho más favorable para el macrismo, representa una señal alentadora para el jefe camionero. O al menos así lo decodifica un Moyano entusiasmado con el cambio de clima judicial.
Desde 2018, los argumentos moyanistas se acumularon en el juzgado de Lijo. Llermanos incluyó las confesiones del juez de Avellaneda Luis Carzoglio, quien llevaba adelante una causa por lavado de dinero en el club Independiente.
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El fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, había pedido la detención de Pablo Moyano en octubre de 2018. Pero Carzoglio lo rechazó. El juez después aseguraría que el 31 de agosto de 2018 lo fueron a ver dos espías de la AFI. ¿Quiénes? Juan Sebastián Destéfano y Fernando Di Pascuale.
“Me preguntaron qué quería yo a cambio de la detención de Moyano”, detalló Carzoglio, en el recta final del macrismo. El juez además afirmó que le enviaron un borrador “de una probable detención de Moyano mediante un sobre” y remarcó: “Un fiscal de Lanús me transmitió que Mauricio Macri quería hablar conmigo para conseguir la detención de Moyano”.
Los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, justificaron esa reunión en la comisión bicameral de Inteligencia. Explicaron que querían saber si los Moyano iban a quedar detenidos, para adelantarse a la reacción social que se pudiera generar.
El fiscal Ramiro González, el juez Lijo y la Cámara Federal entendieron que esa visita no constituyó un delito. El sobreseimiento abarcó a Destefano y Di Pascuale, pero también a Arribas y Majdalani.
MC
