El 17 de febrero de 1992, un vehículo policial se detuvo frente al Pio Alberto Trivulzio, un hospicio público milanés, administrado por Mario Chiesa, un promisorio dirigente socialista que aspiraba a la alcaldía de Milán y era un estrecho colaborador del líder de su partido, el ex primer ministro Bettino Craxi, que aspiraba a volver al poder. Chiesa fue sorprendido in fraganti con un sobre que contenía siete millones de liras, la mitad del soborno que le había exigido a Luca Magni, propietario de una pequeña empresa de limpieza, para asegurarle la licitación para limpiar el edificio.
Magni estaba cansado de pagar sobornos (tangenti, en italiano), y acudió a un fiscal que le habían recomendado, un tal Antonio Di Pietro, que le propuso tender una trampa a Chiesa. El empresario, que llevaba un micrófono y una pequeña cámara escondidos, entregó la coima. Mientras Chiesa guardaba el dinero en el cajón irrumpieron los agentes y lo detuvieron. Probablemente, ni Di Pietro, ni Magni, ni los policías que se llevaron preso al dirigente socialista imaginaron entonces que estaban a las puertas de un momento histórico que sacaría a la luz un gigantesco entramado de financiación ilegal de la política que, dos años después, pondría fin a la llamada primera república, nacida de las cenizas del fascismo. Craxi reaccionó con desdén ante la detención de Chiesa: “Es el caso aislado de un ladrón de poca monta”. En un comienzo, Chiesa se negó a declarar, pero la habilidad de investigador de Di Pietro le había permitido encontrar dos cuentas que el socialista tenía en Suiza, bajo los nombres en clave de “Levissima” y Fiuggi”, dos populares marcas de agua mineral. El fiscal llamó por teléfono al abogado del detenido y le dijo: “Avísele a su cliente que se acabó el agua mineral”. Chiesa entendió el mensaje y abrió la boca... y una caja de Pandora. Declaró que el “sistema” de las coimas o tangenti (luego bautizado Tangentopoli) era algo mucho más extendido que la acción de un “ladrón de poca monta”, como había dicho Craxi. Era, en realidad, una especie de “impuesto” que los políticos en el gobierno, de cualquier orientación, exigían a cambio de otorgar las licitaciones. Ese dinero financiaba el funcionamiento de los partidos. Las investigaciones se multiplicaron y finalmente pusieron fin a la carrera política de Craxi, uno de cuyos más cercanos asesores, Sergio Moroni, se suicidó y dejó una carta en la que admitía haber recaudado muchas tangenti, pero aclaraba que no eran para su uso personal, sino para las actividades políticas, es decir, que se trataba de un “robo para la corona”.
Finalmente, toda la operación, que duró dos años, derivó en 1.300 acciones judiciales, entre condenas y acuerdos voluntarios. Craxi huyó a Túnez, donde murió en 2001. Di Pietro inició una carrera política y a lo largo de los años ha sido senador, europarlamentario y diputado, así como ministro de Obras Públicas e Infraestructuras en los gabinetes de izquierda de Romano Prodi (1996-1998 y 2006-2008).
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