El juez federal Daniel Rafecas respondió en diálogo con PERFIL sobre las versiones de que habría sido presionado por el Gobierno para desestimar el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, que dio impulso a la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta.
En un breve diálogo que aceptó tener ayer con este medio, Rafecas dijo: “En primer lugar, jamás, ninguna de las denuncias en mi contra prosperaron en el Consejo de la Magistratura –órgano que elige y sanciona a los jueces–, y las dos causas que están abiertas en mi contra no van a prosperar porque son inconsistentes y de índole política”.
—¿Por qué dice que las denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura son políticas?
—Porque no tienen asidero jurídico.
—Tuvo a un sector de los consejeros –tanto radicales como oficialistas– en su contra y en 2013 quedó a un voto de ser enviado a juicio político. Un sector de la oposición remarcó el jueves que su decisión de cerrar la causa contra Cristina y Timerman podría haber estado influida por su situación en el Consejo.
—Ningún sector, incluso del Frente para la Victoria, tiene los nueve votos necesarios para acusar o remover a un juez en el Consejo de la Magistratura. Desde hace al menos un año dejé de tener noticias acerca de las denuncias en el Consejo y esto no va a cambiar de aquí en adelante. Por lo tanto la teoría de que sería un juez ‘apretado o apretable’ se va a caer por su propio peso. Al contrario, para dictar esta resolución trabajé durante los últimos seis días hábiles con total y absoluta tranquilidad, siguiendo mis convicciones y apelando estrictamente a la ley y el derecho. No recibí presiones de ningún sector.
El magistrado tiene desde hace dos años dos pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura, que de avanzar podrían costarle el cargo. Uno de ellos fue motivado por la defensa de Amado Boudou cuando Rafecas era el juez de la causa Ciccone. El magistrado mantuvo un chat vía WhatsApp con un abogado allegado al vice mientras lo investigaba al comienzo del caso. Por este hecho, Rafecas fue apartado de la causa –luego reemplazado por Ariel Lijo– y denunciado en el Consejo de la Magistratura. La última denuncia en contra de Rafecas en el Consejo fue presentada por el Tribunal Federal Oral Nº 3, que absolvió a Fernando de la Rúa y el resto de los acusados –incluido el ex jefe de la SIDE radical, Fernando de Santibañes– en el juicio por las coimas en el Senado. Los jueces pidieron que se investigue cómo Rafecas instruyó el expediente y el testimonio del arrepentido Mario Pontaquarto.
Desde el caso Boudou y la causa por los sobornos en el Senado, Rafecas acumuló tres enemigos: la ex SIDE –que manejaba parte de la defensa de Boudou y que estaba acusada en el juicio por los sobornos–, un sector del radicalismo y un sector importante del Gobierno. Sus principales enemigos en el Consejo de la Magistratura eran el senador radical Mario Cimadevilla, uno de los dirigentes que defendieron siempre a De la Rúa, y el kirchnerista Hernán Ordiales, vinculado a Jaime Stiuso, ex jefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia. Ambos ya no son consejeros. A eso se refiere Rafecas cuando dice que ningún sector avanzará en su contra para destituirlo.
Rafecas mantiene una buena relación con Wado de Pedro, que llegó al Consejo para manejar los hilos del oficialismo en la relación con los jueces.
El jueves, mientras se daba a conocer la decisión del magistrado de echar por tierra la denuncia de Nisman, De Pedro era nombrado secretario general de la Presidencia. Su relación es anterior. Rafecas investigó el caso de los padres desaparecidos de Wado en la megacausa Cuerpo Primero del Ejército.
Rafecas también dijo ayer a la agencia internacional Reuters: “Estoy convencido de que por lo menos no hay ninguna evidencia que revele que el gobierno argentino quería perturbar, afectar o encubrir la labor de la Justicia (en la causa AMIA), sino todo lo contrario; la Argentina agotó todas las instancias para lograr que la causa por el atentado avanzara”.
