La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado del Estado, pidió la nulidad de la resolución de la Cámara Federal porteña que dispuso levantar los embargos a dos personas y de una empresa en el marco de la causa en la que se investiga a Sergio Schoklender por su actuación al frente de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La UIF hizo el planteo porque la Cámara Federal no le pidió opinión antes de levantar los embargos, lo que, según explicó, debería haber hecho porque es parte querellante del expediente, informaron fuentes judiciales a la agencia DyN.
La Sala I de la Cámara anuló, por mayoría, la resolución por la cual Oyarbide decretó los embargos de bienes y fondos de Leonardo Hubscher y Alberto Marcelo García y de la empresa Eagle Security Investigaciones SA por considerarlo infundado.
Ante esa resolución, Oyarbide ya le corrió vista al fiscal Jorge Di Lello, a la querella de las Madres y a las defensas para que den su opinión antes de resolver si mantiene o levanta los embargos.
El juez fue criticado duramente la semana pasada por su superior, que consideró que le dio a la investigación un "errado direccionamiento" que "no resulta el más idóneo para el descubrimiento de la verdad material".
Inclusive el camarista Eduardo Freiler dijo que el camino que le dio Oyarbide a la causa hace que encontrar las pruebas resulte "tan difícil como hallar una aguja en un pajar, un pajar que el propio magistrado se ha encargado de construir".
Oyarbide investiga a Sergio Schoklender, a su hermano Pablo, ambos ex apoderados de las Madres, y a otro medio centenar de personas por presuntos lavado de dinero y defraudación al Estado por el desvío de fondos destinados a la Fundación para la construcción de viviendas. El dinero habría sido utilizado para comprar distintos bienes, como autos y viviendas, a través de empresas de las que los acusados habrían sido sus dueños y gerentes.
El fiscal Di Lello trabaja en los pedidos de indagatorias para los acusados que prevé presentar en la primera quincena de diciembre, y sobre los cuales luego Oyarbide debe resolver si hace lugar y los cita.
La Cámara también había criticado al juez por mantener bajo secreto de sumario la causa durante seis meses, medida que levantó el mismo día que recibió la reprimenda de su superior.
