Manteniendo siempre el discurso de no romper los puentes de negociación, Horacio Rodríguez Larreta se negó ayer a sumarse a la firma del consenso fiscal 2020 que impulsó Alberto Fernández porque significaría renunciar al reclamo por el recorte a la coparticipación que la Ciudad decidió llevar a la Corte Suprema. Como contrapartida, en lo que son las vueltas de la política, el Gobierno porteño decidió en paralelo renunciar al consenso fiscal de 2017 que promovió Mauricio Macri.
El jefe de Gobierno y su ministro de Hacienda, Martín Mura, terminaron de decidir ayer, luego del acto de los 23 gobernadores en Casa Rosada, incorporar al proyecto de Ley Tarifaria 2021 que se está debatiendo en la Legislatura un artículo por el cual la Ciudad renuncia al Consenso Fiscal que todas las provincias (excepto San Luis) firmaron en 2017 y que luego sufrió modificaciones tanto en 2018 como en 2019. Es que si no hace esa formalidad, ese acuerdo la obliga a la administración porteña a seguir el rumbo tributario que allí se establecía, como reducir las alícuotas de Ingresos Brutos.
“Si bien hoy no estamos llegando a un punto encuentro, el Gobierno porteño está dispuesto a seguir sosteniendo el diálogo, como siempre lo ha manifestado, que posibilite una propuesta en la que se contemplen sus demandas”, expresaron desde la sede porteña de Uspallata para justificar la ausencia de Rodríguez Larreta en el acto oficial con el Presidente y los mandatarios provinciales.
Durante la semana siguieron las conversaciones cruzadas para ver si había alguna chance de acercar posiciones, aunque todos daban por descontado que esos diálogos serían infructuosos, sobre todo luego del avance en Diputados de la ley que recorta la coparticipación a la Ciudad. Larreta intercambiaba llamados con Wado De Pedro y el ministro Mura con Silvina Batakis, secretaria de Provincias, quienes incluso hablaron la mañana de ayer.
Sin Larreta y con críticas a Macri, Fernandez firmó el Consenso Fiscal con 23 gobernadores
Dos artículos del consenso fiscal son los que, según explican en Ciudad, “así como están son imposibles de firmar”. El primero es el que establece que los distritos deben “abstenerse por un período de un año de iniciar procesos judiciales y suspender por igual término los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”. Después del decreto de septiembre por el cual el Presidente recortó fondos al fisco porteño, Larreta decidió ir a la Corte Suprema y este martes, después de la votación en Diputados, anticipó que volverá a ir al Máximo Tribunal cuando el Senado sancione la ley.
La segunda cláusula que generó el rechazo señala que “la reasignación de recursos en el marco de la transferencia de competencias, servicios o funciones previstas en el inciso 2° del artículo 75 de la Constitución Nacional no se implementa mediante el esquema de distribución de fondos previsto en la Ley N° 23.548”. Ese punto, de ser aceptado por la Ciudad, le quitaría fuerza a uno de los argumentos que sustentan la presentación judicial. Implicaría que la transferencia de competencias, como fue en su momento el de la Policía Federal, no deban tomarse como puntos de coparticipación sino como parte del presupuesto del Ejecutivo nacional.
De todas formas, en la Ciudad salieron a aclarar ayer que en materia tributaria se atendrán a lo establecido en el texto que decidieron no firmar.
