Sólo después del triple crimen de General Rodríguez, ocurrido en agosto de 2008, el Gobierno tomó medidas contra el ingreso irregular de efedrina, materia prima de drogas sintéticas ilegales. Sin embargo, PERFIL pudo determinar que dos años antes, la Sedronar, dependencia que combate al narcotráfico, ya tenía indicios de que las importaciones de esa sustancia crecían cada vez más y no hizo nada.
Desde 2006, el Gobierno tenía varios indicios que le permitían sospechar que el mercado farmacéutico local estaba siendo saturado en forma irregular e injustificada de efedrina. La Sedronar, Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, comenzó a detectar importaciones desproporcionadas de esa sustancia y la presencia en el mercado de importadores desconocidos que solicitaban permisos para ingresar miles de kilos.
No obstante, las alarmas no se encendieron, según una investigación de PERFIL, y lo que siguió fue una cadena de hechos que dejaban algo en claro: los carteles mexicanos, principales explotadores del mercado de la efedrina, se habían instalado en el corazón de Buenos Aires imponiendo su ley de sangre y fuego.
El triple crimen finalmente convenció al Gobierno de la relación explosiva entre el ingreso incontrolable de efedrina y el crimen organizado. Entonces se tomaron medidas.
A casi cuatro años de los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, el Gobierno quiere tender un manto de secreto sobre esas fallas, que algunos atribuyen a la complicidad, y otros a la incompetencia. Varios pedidos de información hechos por este diario para reconstruir los hechos fueron negados o ignorados.
