Las escuchas telefónicas ordenadas por la jueza Susana Wilma López luego del asesinato del militante Mariano Ferreyra confirmarían la participación de la cúpula de la Unión Ferroviaria en el intento de encubrimiento del crimen, y revelan la intervención oficial. Diario PERFIL ha podido acceder, a través de una fuente ligada al expediente, a extractos de las escuchas que comprometen al entorno de José Pedraza y salpican a dos funcionarios, uno de ellos nombrado por Pedraza en el Gobierno.
Los funcionarios son Juan Araya, presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), que controla las líneas concesionadas, y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, un hombre proveniente del sindicato La Fraternidad.
En el caso de Araya, apoderado de la Unión Ferroviaria y designado en su cargo en el Estado por su jefe directo, José Pedraza, aparece en las escuchas telefónicas negociando la defensa de los siete detenidos por el crimen ocurrido el 20 de octubre pasado en la inmediaciones de la estación Avellaneda. En las conversaciones, Araya contrata a un abogado y le requiere “al menos dos abogados más para los muchachos”.
Araya, quien maneja un presupuesto de 40 millones de pesos anuales desde la Sociedad de Operaciones Ferroviarias, también habla de “sacar todo” antes del allanamiento a las sedes del sindicato.
En la causa, también se registra una escucha que desnuda el trato familiar y directo de “Antonio” –quien para la Justicia y la querella se trataría de Antonio Luna– con “Juan”, señalado por la fuente consultada como Juan Carlos “Gallego” Fernández, secretario de Administración de UF (foto).
Durante la charla, ocurrida tras la detención de Pablo Díaz –jefe de la línea Roca en el gremio y número tres del sindicato–, el funcionario expresa su “solidaridad” con el “Gallego” Fernández. “Estoy con vos, tenés todo mi apoyo, Juan”.
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