Elisa Carrió quiere volver a imprimirle su estilo al Congreso de la Nación y ya tiene decidida cuál será su primera medida: presentará un paquete de leyes anticorrupción, en las que pide aumentar penas para funcionarios públicos. La iniciativa también golpeará puntos neurálgicos del kirchnerismo, ya que propone la creación de una Comisiones Especiales investigadoras sobre recursos naturales, deuda externa, juego, obras públicas y libertad de expresión.
“La corrupción es un típico delito del Poder. A diferencia de las leyes Blumberg donde se criminalizaban delitos de la pobreza con la equivocada finalidad de combatir la inseguridad ciudadana, en este proyecto seestá buscando castigar legalmente delitos del Poder que hoy carecen de pena real en la Argentina”, afirma el proyecto, que Lilita firmó junto a Juan Carlos Vega, al que tuvo acceso Perfil.com.
"Más allá de que en Argentina la corrupción es un mal endémico cultural, resulta indudable que ella impregna toda la vida económica", expresó Carrió a este portal. "Una alta corrupción afecta necesariamente la seguridad jurídica y la calidad institucional de un país", agregó Vega. Cerca de Lilita, comentan en la confianza que deposita en el proyecto. "Está a full con el tema", ilustró uno de sus allegados.
La medida, que en Diputados parece contar con un gran consenso, establece un aumento de las penas máximas y mínimas para delitos de corrupción, significativamente mayores a las que prevé el actual Código Penal. En el proyecto, proponen en principio que las condenas mínimas no seas excarcelables y buscan "calificar el delito de corrupción por la participación judicial en cualquiera de sus eslabones", según expresaron.
“Ya que nuestro Código Penal no contiene tipos legales precisos que condenen actos de Corrupción de parte de funcionarios públicos, el objetivo de esta ley es tipificar así como sancionar penalmente los actos de corrupción", sostuvieron ambos diputados, al tiempo que marcaron que su proyecto aspira a "superar la situación de virtual 'legalidad de la Corrupción' en que vivimos los argentinos y trasladar las 'figuras jurídicas' de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Caracas 98 - Ley 24759) al Código Penal Argentino".
"Se busca actualizar concretamente la definición 'funcionario público' para abarcar penalmente a aquellos que, sin representar al Estado, trabajan 'a su servicio' como serían los concesionarios de obra pública”, afirmaron. De esta forma, de aprobarse, la medida podría afectar a varias empresas como Austral Construcciones y las firmas de Juan Carlos Relats, que figuran en varias denuncias realizadas por la CC el año pasado.
Las comisiones. Carrió y Vega proponen crear varias comisiones investigadoras, todas con un propósito en común: detectar posibles casos de corrupción. Su división no parece casual: Recursos Naturales, Deuda Externa, Juego, Obras Públicas y Libertad de Expresión son todas materias en las que el Gobierno está acusado de irregularidades, incluso con varias demandas firmes en la Justicia.
Además, la puesta en debate de la deda externa es un elemento de debate que la centroizquierda impulsa en Diputados y parece ser la llave para conseguir su apoyo al proyecto.
