En paralelo al juez Norberto Oyarbide, que investiga el escándalo de los fondos del Gobierno para los planes de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo, el juez federal Marcelo Martínez Giorgi fue el elegido para investigar el delito de administración fraudulenta de fondos públicos y malversación de caudales, y abuso de autoridad en el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido.
Es por eso que el magistrado ya comenzó a recibir documentación que había solicitado a los gobiernos de Santiago del Estero y Misiones, dos de las provincias en las que se realizaron obras mediante el programa Sueños Compartidos.
A su vez, en Chaco, el diputado del Interbloque de la Alianza Frente de Todos, Livio Gutiérrez, presentó un proyecto de Resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo que informe de las operatorias entre la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el gobierno provincial.
“Dicen que los hospitales son gracias a aportes de la Nación, pero ahora aparece que se habrían hecho a través de aportes de la provincia provenientes del Fondo Sojero a la Fundación Madres de Plaza de Mayo”, aseguró el legislador.
Martínez de Giorgi ya había pedido a los intendentes de Tigre, Almirante Brown y Ezeiza los convenios firmados con la Fundación Sueños Compartidos, de Madres de Plaza de Mayo, y quien ya les solicitó documentación para conocer de qué manera se utilizaron los fondos públicos.
Además de construir casas en varias localidades del gran Buenos Aires, la Fundación también realizó obras en Chaco, Santiago del Estero, en la localidad rionegrina de Bariloche y Rosario en Santa Fe, entre otras.
