Lázaro Báez declaró ante los jueces de la Cámara Federal

El empresario Lázaro Báez, detenido e imputado en una causa por lavado de dinero durante la gestión kirchnerista, declaró hoy ante la Cámara Federal que controla la labor del juez federal Sebastián Casanello, a raíz de un pedido que hizo el santacruceño para exponer su situación personal.

De acuerdo a lo dispuesto por la justicia, Báez llegó a 7,15 de la mañana en Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, para presentarse a las 11:15 ante los jueces de la sala II.

Si bien no trascendió oficialmente el motivo por el cual Báez pidió la audiencia con la Cámara, en una carta manuscrita y sin la intervención formal de sus abogados, el camarista Martín Irurzun reclamó a los defensores que precisen el objetivo de la reunión.

La Cámara debe revisar el primer procesamiento dictado contra el empresario y su hijo Martín Báez, entre otros, en el marco de la causa por lavado de activos.

En tanto, el juez federal Sebastián Casanello intentaba gestiones en Europa en el marco de la investigación por el recorrido de casi 209 millones de pesos que ingresaron a Austral Construcciones -la empresa de Báez- a través de la compañía Helvetic Services Group, supuestamente una empresa fantasma creada por intermedio del operador financiero Federico Elaskar.

"En atención a lo peticionado en el escrito remitido por Lázaro Báez desde su lugar de detención", indicó Irurzun en una resolución que dio a conocer el 30 de mayo le fijó audiencia para hoy las 11:15 "en resguardo del más amplio derecho de defensa del imputado".

El camarista resaltó que la "solicitud -de una "audiencia personal" para tratar "temas vinculados a la causa y a mi situación procesal"- fue formulada en forma directa por el nombrado, sin la firma de sus letrados".

Por eso, advirtió que correspondía "que con carácter previo su parte especifique la naturaleza de la audiencia pretendida -posibilidad de acceso de otras partes, letrados, publicidad-, a los fines de poder instrumentar su adecuada realización".
La semana última, el juez Casanello admitió a la Oficina Anticorrupción como parte querellante en la causa conocida como "ruta del dinero K", por la que está detenido Lázaro Báez.

Casanello entendió que debía admitir la participación de la Oficina Anticorrupción "en todos los casos de naturaleza criminal en que se persiga el esclarecimiento de hechos en que se vea perjudicado el patrimonio del Estado" y de acuerdo a la Convención Interamericana contra la Corrupción".