El detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez adelantó a la Justicia la posibilidad de acogerse a la moratoria fiscal, que lanzó el gobierno de Mauricio Macri, por supuesta evasión de los aportes jubilatorios de sus empleados.
El titular de Austral Construcciones SA compareció en declaración indagatoria ante el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada y le pidió que "libre oficio a la AFIP" para que "informen sobre la factibilidad de adecuarse a la nueva ley por parte de las empresas involucradas".
Para el eventual caso de un rechazo por parte de la AFIP, Báez reclamó que el organismo recaudador "informe cuales serían los motivos", en el escrito de descargo que le entregó al magistrado en la audiencia, asistido por su abogado defensor, Gonzalo Díaz Cantón.
Báez admitió que adeuda dinero a la seguridad social pero aseveró que "se encontraba un plan de pago vigente" que "no se siguió ejecutando" porque el juez federal Sebastián Casanello "trabó e inhibió las cuentas de toda empresa que pudiera tener vinculación conmigo".
De todos modos, confió que "no tengo ni el más mínimo conocimiento de las decisiones o procedimientos tributarios de las empresas" de su conglomerado ya que "contaba con profesionales que me asistían, siéndome muy difícil desde que me encuentro confinado en Ezeiza, evacuar cualquier duda".
Báez está imputado del supuesto delito de "apropiación indebida de recursos de la seguridad social" por, supuestamente, no haber pagado unos 33 millones de pesos de cargas sociales de los trabajadores de las 16 empresas del conglomerado de firmas santacruceñas.
Se trata de aportes previsionales desde 2010 que habrían sido eludidos por las empresas para canalizar ese dinero a otros destinos.
En esta causa también fueron citados a declaración indagatoria los hijos de Báez: Martín, que compareció el miércoles pasado, y Leandro y Luciana, que deberán presentarse la semana próxima, además de otras 25 personas, entre directivos y representantes legales de las compañías.
Al salir de la indagatoria, Báez fue trasladado de nuevo al penal de la localidad bonaerense de Ezeiza en el que cumple prisión preventiva.
Otro empresario kirchnerista, Cristóbal López, también imputado por la presunta evasión de cerca de 300 millones de pesos en impuestos a las ganancias, IVA, y aportes de sus empleados, ya anticipó a la justicia en lo penal económico que quiere engancharse con la ley de moratoria fiscal que aprobó el gobierno nacional, según el diario La Nación.
