Dos años atrás, cuando los precios ya se habían disparado sin disimulo, superando los dos dígitos para todo 2005, entró en funciones un nuevo funcionario, que muy pronto se haría famoso por sus métodos dictatoriales, en una nueva Secretaría, la de Comercio Interior. Guillermo Moreno asumió en abril de 2006 para poner coto a la suba de la carne, tras la primera prohibición a la exportación decretada semanas antes por la ministra Felisa Miceli.
La primera resolución de su flamante Secretaría desempolvaba una ley de junio de 1974 que estaba (y sigue estando) suspendida en su vigencia desde 1991: la Ley de Abastecimiento y Represión del Agio. En su nombre, Moreno impuso precios máximos para la carne, los que constituyeron una flagrante violación al régimen legal, interviniendo el libre comercio e impidiendo que funcione la economía de mercado, con pésimas consecuencias de largo plazo para el sector.
A fin de ese año, el secretario, que había prometido vanamente "inflación cero" para junio de 2006, descubrió que había un atajo que estaba disponible a "bajo costo": la intervención del INDEC, con la finalidad de manipular el índice de precios minoristas de la Capital y GBA, conocido como IPC.
La elaboración de un nuevo IPC, basado en una discutible metodología que se estaría probando en los Estados Unidos, está chocando con la resistencia de altos funcionarios del gobierno y, lo más importante, con la reprobación de gran parte de la opinión pública, que es justamente a quien van dirigidos estos esfuerzos de simulación. La metodología consiste en tomar una canasta móvil en la que los bienes que más se encarecen son sustituidos por otros que se mantienen más económicos, emulando lo que sería el comportamiento racional de un consumidor de presupuesto restringido.
Sin embargo, la medición oficial de la inflación es una de las formas más transparentes de control republicano de una de las instituciones más independientes y poderosas que tiene el Estado: el Banco Central. Por ello, medir una canasta amplia y fija es la única forma de medir el efecto de la emisión de dinero sobre su propio valor.
Una canasta móvil, que sirve para conocer cuál es la capacidad de consumo de la población, disimula -por definición- los excesos de emisión monetaria, pues elige los bienes de menor aumento de cada medición.
Es un mal indicador, desde el punto de vista del control republicano que la ciudadanía puede ejercer a diario de manera sencilla, y por ello no debería implementarse como el índice oficial de inflación ni dejarse de lado el de canasta fija.
¿Qué es lo que pretende controlar Moreno al respecto? Que haya un margen de rentabilidad "razonable", es decir, equivalente para todas las ramas productivas en todo momento. Esta medida -por definición- desalienta toda inversión de riesgo, que no se dirige sino a aprovechar los márgenes de rentabilidad que están inusitadamente altos en un momento determinado.
Es otra pésima decisión, en aras de controlar un fenómeno que tiene otra causa, la emisión monetaria, y otro responsable, el presidente del BCRA. Pero, además, Moreno no tiene facultades para hacerlo. El permiso que da la ley de Lealtad Comercial de inspeccionar los libros de las empresas es al sólo efecto de comprobar el cumplimiento del objeto de dicha ley, cual es exclusivamente controlar que sea veraz la información (origen, peso, marca, etc.) vertida en los "envases, etiquetas o envoltorios de los frutos y los productos que se comercialicen en el país envasados".
Pero, para ello, el Estado no requiere de acceder a información privada de las empresas productoras. La empresa ofrece libremente su producto y el consumidor, asistido por el Estado, comprueba la veracidad de la información y este último, en su caso, sanciona la deslealtad. La facultad de inspección que confiere el inciso en cuestión es excesiva y es ésta, incluso, una excelente oportunidad para derogarlo.
(*) Economista de la consultora Exante.
Fuente: DyN
