La Cámara Federal ordenó hoy "la inmediata libertad" de Sergio Schoklender, preso desde hace 44 días y ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo acusado de ser el jefe de una banda que supuestamente desvío millonarias sumas de esa entidad.
El tribunal dispuso que el juez Norberto Oyarbide imponga el monto de la fianza a Schoklender para que obtenga la libertad, informaron a DyN fuentes judiciales.
La semana pasada también se dictó la excarcelación de su hermano Pablo y su socio Alejandro Gotkin, pero Oyarbide fijó una fianza de 4 millones de pesos, que sus abogados apelaron por excesiva y que los mantiene aún hoy en prisión.
Pero ahora, los camaristas le advirtieron a Oyarbide que el monto de la fianza no debe "significar la implícita denegatoria del derecho que aquí le ha sido reconocido".
La casa del country. Sergio Schoklender desmintió ante la Justicia que siete viviendas construidas en un country en el que viven su ex esposa, Pablo y otros acusados en la causa hayan sido construidas con material "robado" a la Misión Sueños Compartidos.
Se trata de las propiedades e instalaciones allanadas el 22 de junio de 2011 por Oyarbide en el Barrio Patacón, del partido bonaerense de Pilar, donde según declaró el juez en aquella oportunidad "se ha podido observar, con toda claridad, que están construidos con materiales que se emplean para construir las casas de la fundación".
"A pesar del circo mediático y de las declaraciones matinales de su señoría, me permito recordarle que todos los materiales fueron legalmente adquiridos tal como lo acreditan los remitos cuyo número notifiqué personalmente por escrito a este tribunal inmediatamente después de haberse producido el 'descubrimiento'", replicó el imputado en su ampliación de indagatoria a principios de esta semana.
"Nadie roba materiales con remito", insistió con ironía el mayor de los hermanos Schoklender.
Según partes del expediente a las que tuvo acceso DyN, el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo aseguró que Oyarbide cuenta con toda la documentación que desmiente la imputación que se le formula en la causa, aunque supuso que "debe estar perdida en las profundidades de la instrucción más arbitraria y desprolija que recuerde la Justicia argentina".
Schoklender calificó como "un circo periodístico montado" a los allanamientos dispuestos por Oyarbide, a quien -al igual que al fiscal Jorge Di Lello- le atribuyó "ignorancia sobre la metodología de la contratación de la obra pública" para forzar "las disparatadas imputaciones que fueron formulando".
