Después de las escenas de anarquía que se vivieron en las calles, Córdoba intenta de a poco volver a la normalidad. Un muerto, más de mil comercios saqueados y cientos de heridos, algunos de los cuales todavía permanecen internados con distintos grados de lesiones, fueron el saldo de las jornadas de saqueos y anarquía en la capital provincial. Los vecinos aún permanecen conmovidos y en guardia por las escenas vividas, y patrullan las calles en grupo y armados, previniendo nuevos robos. Muchos comerciantes soldaron las puertas de sus negocios con el fin de que nadie pueda entrar a llevarse “lo poco que quedó”. Los rumores de nuevos saqueos por las noches fueron in crescendo desde el martes, y la tensión se huele. Por si fuera poco, en los barrios de la ciudad donde ocurrieron los hechos más críticos es frecuente –y a esta altura normal– escuchar el sonido de disparos, fruto de las peleas entre bandas de delincuentes por quedarse con el “botín” obtenido durante los saqueos.
El obispo auxiliar de Córdoba, Pedro Javier Torres, aseguró a PERFIL que hubo “organizaciones delictivas” participando en los sucesos. “Había gente que tenía una marcada experiencia en robos. Pudieron entrar en lugares que estaban prácticamente blindados”, y agregó: “No podemos ser ingenuos y creer que no hubo gente buscando obtener rédito con los saqueos. A río revuelto, ganancia de pescadores”, reflexionó el obispo.
En la jornada de ayer, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, arribó a Córdoba junto con 1.200 efectivos de Gendarmería Nacional, en el marco de un acuerdo entre el gobernador José Manuel de la Sota y el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, para restablecer la paz social luego del autoacuartelamiento policial y los saqueos.
El gobierno provincial informó que “los gendarmes actuarán junto a la policía de Córdoba en tareas de prevención de episodios de vandalismo o acciones que puedan alterar la paz social, que se está recuperando después de los recientes saqueos”.
En Córdoba sorprendió la llegada de la fuerza nacional debido a que, horas antes, el gobernador José Manuel de la Sota había afirmado que “ya no los necesitaba”, pero el temor por nuevos sucesos vandálicos pudo más y el mandamás cordobés debió aceptar la ayuda de la Nación.
De la Sota fue duramente cuestionado por su papel durante las dos jornadas. Ni el gobernador ni su jefe de Gabinete midieron la magnitud de lo que podía generar un acuartelamiento policial, y la ciudad pagó caras las consecuencias.
Apenas pisó suelo cordobés luego de un retorno “de urgencia” desde Colombia, vía Panamá, el gobernador aseguró que no le aumentaría el sueldo a la policía, declaraciones inoportunas en un momento en que la ciudad estaba siendo arrasada. Con el transcurrir de las horas, y al ver que la policía no cedía en sus reclamos, José Manuel de la Sota “aflojó” en todos los puntos y le otorgó un aumento de tal magnitud que puso a Córdoba en la cúspide de los sueldos policiales en todo el país, lo que generó un efecto contagio en las fuerzas de otras provincias.
