Los nuevos carteles de obra pública que obligan a los contratistas del Estado a poner el rostro de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner violan la Ley de Ética Pública. La norma prohíbe en su artículo 42 de forma terminante que se incluyan en la publicidad de obras “nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”. En ese sentido, la inclusión de la sonrisa de Cristina en la cartelería obligatoria (ver manual) que figura en el sitio de la Secretaria de Obras Públicas sería ilegal.
“Un presidente o presidenta representa mucho más que a un partido político y usar fondos del Estado para este tipo de autopromoción es penoso moralmente y jurídicamente reprochable y va en contra de la Ley de Ética Pública”, explicó a Perfil.com el abogado Ricardo Monner Sans, quien comparó los nuevos carteles del Gobierno con los del primer peronismo que decían: “Perón cumple, Evita dignifica”.
En el mismo sentido, la diputada del PRO, Laura Alonso, calificó a la resolución dictada por el ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, como una “medida populista” y “exagerada” que significa un retroceso a la década del 40. “Se profundiza el error que había en los carteles anteriores; hay una confusión, las obras públicas no son de la Presidenta, se realizan con recursos del presupuesto de los argentinos”, dijo Alonso a este medio.
Néstor Kirchner jamás utilizó su imagen ni nombre en los anuncios de obras públicas. Sí lo hizo Carlos Menem, en su célebre spot publicitario “Menem lo hizo”. Ese modelo de marketing político es que el parece seguir Cristina Kirchner con esta cartelería, aunque el jefe de Gabinete niegue su existencia a pesar de las pruebas.
Para la diputada de la Coalición Cívica Elsa Quiróz, integrante de la comisión de Obras Públicas, esto es una consecuencia de cómo el kirchnerismo entiende al poder: “Es riesgoso pensar el poder soy yo, el Estado soy yo”, explicó, haciendo alusión a la famosa frase de Luis XIV de Francia.
“Hay una utilización de fondos públicos para hacer propaganda partidaria, lo cuestionable es eso”, agregó Quiróz, que acusó el Gobierno de no cumplir con la construcción de muchas obras. “Habría que instalar un cartel que dijera: ‘Acá debió haber estado un hospital, aquí una escuela, aquí un plan de viviendas’”, ironizó. En el bloque de Elisa Carrió, los diputados Juan Carlos Morán y Alicia Terada ya estudian la resolución de Planificación para impulsar alguna medida desde la Cámara Baja.
En su paso por la legislatura chaqueña, a Terada le tocó vivir una situación similar, pero con el gobernador Jorge Capitanich como protagonista. Había 56 camionetas del Estado que tenían la leyenda “Gestión Capitanich”, violando la Ley de Ética. “Aprobamos el proyecto para remover esa leyenda, Capitanich lo vetó, insistimos con la medida, la aprobamos, pero cuando cambió la composición de la Legislatura, el gobernador mandó un proyecto y dejó sin efecto la ley”, relató la ahora diputada a Perfil.com.
Hernan Charosky, Director Ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano, catalogó a la decisión como una “involución” a nivel nacional. “Es normal allí donde las instituciones son más débiles y se identifica la gestión pública con un líder o un partido”, afirmó y apuntó que esto implica "injustificada ventaja publicitaria para el oficialismo", que apela además al uso arbitrario e indiscriminado de la publicidad oficial, a diferencia de la oposición con escaso acceso a espacios publicitarios y "limitaciones de la ley de reforma política".
Otros casos. Esta no es la primera vez que una acción de la la Presidenta quebranta la Ley de Ética Pública. En marzo de 2008, la violó al aceptar como regalo una esmeralda de 5.000 dólares que le entregó un admirador durante un acto en Salta. Ese mismo año, pero dos meses después, en mayo, la mandataria lo hizo de nuevo. No pudo resistirse a la MacBook Air que le entregó el magnate mexicano Carlos Slim cuando visitó su despacho. En ese entonces, el dispositivo estaba valuada en 9.500 pesos.
(*) de la redacción de Perfil.com
