A pesar de diferencias históricas y matices, el poder de la motosierra libertaria contra los empleados estatales logró reunir a varios sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública, en pos de conformar un gran frente sindical en contra de los despidos. Allí aparecen, entre otros, UPCN, ATE y diferentes representantes de gremios de organismos públicos, como AFIP, PAMI, ANSES y AFIP como también aquellos que nuclean a los trabajadores judiciales y docentes.
Si bien nunca hubo choques frontales ni dardos cruzados, ATE siempre se mostró más combativo y reacio a la negociación con los oficialismos de turno mientras que el colectivo sindical que conduce desde hace décadas Andrés Rodríguez, una de las figuras que tiene la CGT, mantiene un perfil más dialoguista. Incluso, hay divergencias en cuanto al método de acción ante la nueva ola de contratos que en LLA no planean renovar. En ATE, directamente lanzaron una medida de fuerza para este martes y en UPCN van a aguardar sucesos antes de decidir acciones, sin descartar opciones.
No obstante, todas las partes coinciden en que el escenario que plantó Milei, de ajuste y cese de contratos, los obligó a dialogar y ver que tipo de acciones pueden encarar en conjunto. Y una es la conformación de una mesa gremial que defienda afiliados y al Estado. Pablo Flores, la máxima autoridad del sindicato de la AFIP, explicó que es necesaria la unidad, algo “sustancial” para un proyecto de país y que están lejos de los criterios del Gobierno.
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“Quieren que el Estado sea una expresión mínima y dejar todo en manos de las fuerzas del mercado, y vemos mucha prepotencia de parte de todas las líneas del Gobierno”, expresó el dirigente gremial, que también forma parte del consejo directivo de la central de Azopardo. También, en esas conversaciones entre dirigentes, existe preocupación por “los despidos” en todas las áreas del Estado y empresas públicas, sin ningún tipo de criterio.
“Tenemos que estar unidos para defender con mas fuerza a todos los estatales”, lanzaron los dirigentes tras su última reunión. Por el lado de ATE, celebran el diálogo y están abiertos a cualquier tipo de conversación pero creen necesario no dar margen de acción al Gobierno.
De hecho, rápidamente convocaron a una medida de acción para este martes, la fecha en la que desde el oficialismo indicaron que se empezarán a comunicar las cesantías. Para Rodolfo Aguiar, dirigente rionegrino, se requiere una acción contundente. Porque básicamente considera que no pueden permitir que se “desestructure el Estado”. Tenemos que defender la presencia del Estado en todo el territorio nacional”, remarcó el secretario general,
“Hasta ahora, todas las medidas del Gobierno están orientadas a erradicar derechos, destruir puestos de empleo y demoler los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares”, agregó sobre la gestión que encabeza Javier Milei. Por otro lado, es partidario de acelerar pasos hacia una nueva huelga general, algo que no es descabellado para sus pares si se producen despidos al por mayor entre el 26 de marzo y el 31.
“Las centrales obreras deben acelerar los pasos hacia una nueva huelga general. Debemos evitar que el 25 de mayo se firme el pacto de la entrega de nuestro país y eso sólo lo vamos a lograr estando en la calle”, apuntó el referente estatal que apuesta a que se renueven los 70 mil contratos en pugna. Otros dirigentes de relevancia se encuentran en la misma sintonía y advierten que habrá “una resistencia muy fuerte” si la gestión Milei toca a las bases. De hecho, recuerdan que no tuvieron ningún problema en salir a las calles durante los ajustes del macrismo y añaden que no hubo grandes incorporaciones de personal a los ministerios.
Una voz sindical gráfica que en el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich entre el período 2015 – 2019 se manejó con 1400 empleados y que, cuando volvió a su puesto, se encontró con 1200. “Está claro que no hace falta un ajuste en varias áreas, sino más personal y con mejores salarios”, añade.
